La noche del lunes estuvo marcada por el debate televisado entre los cinco candidatos a la Presidencia del Gobierno de partidos estatales con representación en el Congreso: Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Santiago Abascal (Vox)*.

Entre las propuestas que se pusieron encima de la mesa durante el debate, este digital se ha centrado en las que hizo el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Se comprometió, si vuelve a ganar las elecciones, a crear un Ministerio contra la Despoblación y una Vicepresidencia Económica con Nadia Calviño al frente, instaurar una asignatura de educación en valores civiles, constitucionales y éticos o liquidar la Fundación Nacional Francisco Franco. ¿Pero qué supondrían estas medidas a las arcas públicas? ¿Qué sueldos públicos cobrarían los nuevos altos cargos?

Otro ministerio

No es la primera vez que los ‘socialistas’ proponen aumentar ministerios. Es más, con su llegada al Gobierno en junio de 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP), el ejecutivo de Pedro Sánchez pasó de las 13 carteras ministeriales del Gobierno ‘popular’ a 17. Por ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica**, que surge de una 'rama' del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y otra 'rama' del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Pues, bien, la actual cartera aglutina la secretaría de Estado de Energía y la Secretaría de Estado de Medio Ambieten además de una subsecretaría, las correspondientes direcciones generales y subdirecciones generales, un secretaría general técnica y dos jefes de Gabinete.

Sánchez, en la entrada de La Moncloa (El Economista. EFE).

Según el Portal de la Transparencia del Gobierno, en poco más de medio año, de junio a diciembre de 2018, este Ministerio supuso un gasto de 657.829 euros solo en los sueldos públicos de 11 altos cargos: la ministra (Teresa Ribera), la subsecretaria, el director de Gabinete, el secretario general técnico, dos secretarios de Estado, cuatro directores generales y el director de la Oficina Española de Cambio Climático. Habría que añadir el sueldo del presidente de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET, que en 2018 se incorporó al puesto el 1 de marzo y permaneció en él hasta el 31 de diciembre. Cobró 80.250 euros. Es decir, no cesó en el cargo con la llegada de Sánchez a La Moncloa.

En 2004, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), también se creó un nuevo Ministerio, el de Vivienda. Según el BOE, a parte de la ministra, que por entonces era María Antonia Trujillo, esta cartera estaba formada por la Subsecretaría de Vivienda, la Secretaría General de Vivienda, dos direcciones generales y una dirección de Gabinete. Es decir, seis altos cargos más en la conformación de los 16 ministerios, frente a los 15 del anterior Gobierno de José María Aznar (PP). Antes de acabar su segundo gobierno, en octubre de 2010, Zapatero decidió eliminar el nuevo Ministerio para recortar gastos frente a la crisis económica.

Por su parte, crear una Vicepresidencia de Economía supondría también una nómina más elevada si solo se eleva el rango a la actual Ministra de Economía, Nadia Calviño. Según el BOE, en 2019, el sueldo para la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, está establecido en 73.992 euros brutos en 12 pagas (6.499 euros al mes). Es el segundo sueldo público más alto del Ejecutivo por debajo del del propio presidente del Gobierno, establecido en 82.979 euros al año (6.915 euros mensuales). En algo más de año y medio, Calviño ha pasado de cobrar 216.480 euros brutos anuales como directora general de Presupuestos de la Comisión Europea a ver truncada su aspiración de ser la directora gerente del FMI con una asignación libre de impuestos de 450.000 euros. Ahora se le presenta la oportunidad de ser vicepresidenta económica del Gobierno de España.

Supresión de la Fundación Francisco Franco

Si hay una ley que el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido hasta la saciedad es la de Memoria Histórica, aprobada en 2006, cuya máxima representación ha sido la exhumación de Francisco Franco el pasado 24 de octubre. Pero todavía queda mucho trabajo en esta materia y una de las propuestas de Sánchez en el debate fue plantear la disolución de la Fundación Nacional Francisco Franco.

La fundación, según sus propios estatutos, tiene como objeto básico “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política”, cosa que muchos no consideran una cuestión “de interés general”, sino más bien una cuestión de “apología del fascismo”.

Según un artículo de Cinco Días de 2004, las fundaciones pagan, como mucho, el 10% de sus ingresos como Impuesto sobre Sociedades, mientras que las empresas, sufren un tipo general del 25% aunque hay excepciones de hasta el 30%. Además, pueden desarrollar actividades sociales que producen ingresos sin tener que pagar impuestos o alquilar bienes inmuebles sin tener que tributar por las rentas, siempre que sean inferiores al 40% de sus ingresos. Solo tributarán al 10% por aquellas actividades económicas que no tengan un fin social.

Otras críticas que ha recibido la fundación Francisco Franco han girado entorno a los 150.000 euros de subvenciones públicas que percibió la entidad por parte del Gobierno de Aznar entre el año 2000 y 2004, dirigidas a la digitalización de un archivo de más de 29.000 documentos.

ElDiario.es publicó un artículo en julio de 2018 en el que aseguraba que la Fundación había adquirido ordenadores, muebles, extintores y una trituradora de papel con el dinero de estas subvenciones públicas. Esta Fundación no ha vuelto a percibir ninguna subvención pública y no hay que confundirla con la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, para la que se preveía una subvención de 340.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, partida que no se ha aprobado, dado que continúan prorrogados los PGE de 2018.

También causa polémica el hecho de que aquellas personas que hagan donaciones a la fundación puedan tener exenciones fiscales. Así lo indica la Ley de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. El propio Boletín Informativo de la Fundación publicaba que “si se donan 150 euros, Hacienda les financiará 112,5 euros, y su coste real será de solo 37,5 euros”, según adelantó el diario Público.

El senador de Compromís, Carles Mutet, pidió al Gobierno en 2018 las cuentas de hasta 11 organizaciones, con lo que el Ejecutivo le respondió con más de 2.400 páginas que contenían las cuentas anuales de ocho organizaciones, entre las que figuraba la Fundación Francisco Franco. Las últimas hacían referencia al ejercicio 2015, en el que la Fundación ingresó 172.977 euros. De esa cantidad, 97.605 euros hacen referencia a las cuotas de sus asociados y 75.372 euros, a donaciones y subvenciones. Además, durante ese ejercicio, la Fundación tenía dos personas contratadas, que supusieron un gasto de 42.460 euros.

Una asignatura polémica desde 2006

Sánchez también prometió, dentro del bloque en el que se discutió sobre la situación en Cataluña, crear una asignatura de educación en valores civiles, constitucionales y éticos, muy parecida a la asignatura Educación para la Ciudadanía, aprobada en 2006 bajo el Gobierno socialista de Zapatero.

Esta nueva materia no estuvo exenta de polémica, ya que fue muy criticada por los sectores católicos y el propio Partido Popular por un supuesto ‘adoctrinamiento ideológico’. Tanto fue así que el ministro de Educación entre 2011 y 2015, José Ignacio Wert (PP), prometió que sería substituida por Educación Cívica Constitucional, una materia “libre de cuestiones controvertidas y no susceptible de adoctrinamiento ideológico”, como él mismo apuntó. Finalmente, la asignatura no fue substituida, sino que fue eliminada con la Ley LOMCE en 2013.

Otra de las polémicas fue la implantación de esta asignatura en la Comunidad Valenciana, ya que el gobierno ‘popular’ de Francisco Camps quiso que se impartiera en inglés, cosa que provocó movilizaciones en contra, ya que se consideró un “boicot” a la asignatura. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló, en 2008, la propuesta de Camps, para la que el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, calculó un presupuesto de entre 1,6 y 2,3 millones de euros, dependiendo del número de profesores que se tuviesen que contratar.

En julio de 2018, la actual ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá (PSOE), afirmó que su Gobierno implantaría una asignatura obligatoria bajo el nombre de Valores Cívicos y Éticos. En febrero de 2019, Celaá informaba de la aprobación del proyecto educativo de derogación de la LOMCE y aprobación de la LOMLOE (que incluye esta asignatura) por el Consejo de Ministros, pero que no llegó al Congreso por la convocatoria de elecciones para el 28 de abril y que se ha visto paralizada por la falta de acuerdo y la nueva convocatoria electoral para el próximo domingo.

*Haciendo clic sobre cada nombre puedes consultar el sueldo público que cobraba cada uno de ellos durante la anterior legislatura. La cifra se habrá modificado a la baja tras la disolución de las Cortes, aunque los líderes de los partidos permanecen en la Diputación Permanente.

**En una primera versión de la noticia publicamos por error que el Gobierno de Sánchez había creado un ministerio nuevo con el caso del Ministerio de Transición Ecológica. No es correcto. Hemos recibido una llamada del Ministerio para matizar que no se creó uno nuevo, sino que es fruto de la unión de dos secretarías de Estado que proceden de dos ministerios ya existentes.