Imagínate que el gerente de un ente público es detenido en un apartamento playero de Salou por la policía con 415.000 euros en efectivo. ¿A qué huele? Piensa en altos directivos de la empresa privada Acciona, con 500.000 y 200.000 euros de sueldo, a los que les han quitado el pasaporte por posible riesgo de fuga. No es una película ni Corrupción en Miami. Obras públicas, contratas, empresas, políticos de por medio, certificaciones de obra sospechosas sin terminar, intereses generales como excusa, fianzas de 80.000 euros para eludir la cárcel, triturar documentos para no dejar rastro… Esta 'macedonia' del hampa de cuello blanco ha podido provocar, supuestamente, una malversación de dinero público por valor de 50 millones de euros. La investigación se lleva a cabo en la capital maña. 

El Juzgado de Instrucción 1 de Zaragoza investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre una presunta trama de malversación de 50 millones de euros en torno a las obras de la Plataforma Logística de la capital aragonesa (Plaza), con seis imputados hasta el momento y fianzas millonarias para algunos de ellos.

Desde que saltó a la opinión pública, a mediados del pasado mes de agosto, el caso ha suscitado expectación debido a las implicaciones existentes en torno a un proyecto "emblemático" para los intereses de Aragón y la decidida apuesta de la administración regional por la logística como vía estratégica para la Comunidad.

El proceso de construcción y desarrollo de Plaza, donde se ubica el centro de distribución de Inditex más importante de Europa, entre otras empresas, comenzó en 2002, durante el mandato del anterior presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, y comprometió importantes recursos de la región para contratas y obras.

La Fiscalía Anticorrupción, según la agencia EFE, investiga ahora una denuncia que relaciona a altos cargos de la sociedad gestora de Plaza, en la que ejerce la mayoría absoluta el Gobierno aragonés, y la constructora Acciona con una supuesta trama de corrupción y de blanqueo de capitales.

La investigación tiene su origen en una denuncia interpuesta ante la referida fiscalía especial por el actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, quien detectó la existencia de obras certificadas pero no acabadas, hechos que puso previamente en conocimiento del actual consejero de Obras Públicas del Ejecutivo aragonés y presidente de la sociedad, Rafael Fernández de Alarcón.

La fiscalía, que también se apoya en otra denuncia de un trabajador de una de las empresas investigadas cuya identidad no se ha desvelado, considera que la supuesta trama corrupta pudo malversar 50 millones de euros en las obras de urbanización de la Plataforma Logística.

Tras hacerse con la abundante documentación que guardaba Acciona en unos contenedores depositados en unos terrenos sin urbanizar de la capital aragonesa, el fiscal encargado del caso instó la detención del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; del director técnico de la sociedad, Miguel Ángel Pérez, destituido tras conocerse su imputación; y del director técnico de la consultora Intecsa, el holandés Nico Groeneveld.

Fuentes de la fiscalía especial han asegurado que aunque algunos documentos incautados habían sido triturados por los responsables de la empresa, el análisis sobre el terreno de alguno de los papeles intervenidos permitía confirmar "punto por punto" los términos de la denuncia interpuesta.

Becerril fue detenido en Salou (Tarragona), en un apartamento de su propiedad en el que los agentes localizaron 415.000 euros en efectivo, mientras que Pérez y Groeneveld fueron arrestados en Zaragoza.

Aunque el representante fiscal pidió prisión para todos ellos, el juez que comenzó provisionalmente la instrucción del caso decidió finalmente su puesta en libertad con cargos.

Posteriormente pasaron a declarar dos directivos de Acciona, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, para los que también solicitó el fiscal prisión pero que quedaron en libertad con cargos tras pagar sendas fianzas de 80.000 euros para eludir la cárcel.

El juez, que mantiene secretas las investigaciones, adoptó la medida cautelar de retirar el pasaporte a Jordán, actual representante de Acciona en Brasil, y a Bretón, directivo de la misma empresa en Colombia.

El instructor ha emitido esta semana un auto en el que exige una fianza de seis millones de euros a Jordán y de dos millones a Bretón para recuperar sus pasaportes, ante la posibilidad que puedan fugarse y disponer de elevados recursos económicos para mantenerse.

Considera que sus actuales sueldos, 500.000 euros Jordán y 200.000 Bretón, y los alrededor de seis millones que pudieron obtener fraudulentamente en Plaza podrían facilitarles la huida.

A la espera de un análisis completo de toda la documentación incautada, la Fiscalía Anticorrupción prevé que se produzcan nuevas imputaciones de personas presuntamente relacionadas con una supuesta trama corrupta en torno a un proyecto emblemático para Aragón.