Un estudio de la Universidad de La Laguna estima en 35 los casos de corrupción aparecidos en la política municipal canaria entre los años 2000 y 2010. Además, indica que el 39,8 por ciento de las localidades canarias se vieron afectadas por estos casos, lo que la convierte en la segunda comunidad con más casos por municipio de España, por detrás de Murcia.

El caso más conocido fue el que llevó a prisión al alcalde y otros cuatro cargos del ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) en 2007. Fueron acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias, entre otros delitos.

No obstante, desde 2010 también han salido a la luz nuevos casos. Uno de los más populares fue el de Pedro de Armas, concejal en el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote), que estuvo seis meses fuera de la isla, desatendiendo sus obligaciones públicas, para participar en el Grand Prix del Atlántico, que terminaba en la isla de Martinica.

Otro caso muy notable es el del concejal de Recursos Humanos, Empleo y Seguridad del gobierno de Puerto de la Cruz, Luis Rodríguez (Partido Popular), que gastó en un año 9.634 euros en llamadas del móvil corporativo del Ayuntamiento, 2.268 de ellos solo en el mes de julio.

Este mismo volvió a ser protagonista de las portadas de los diarios locales, aunque no por sus quehaceres políticos, sino por ser detenido tras saltarse un control de alcoholemia en la ciudad.

Sólo una pequeña muestra basta para comprobar que la política municipal canaria no funciona todo lo bien que debería y corrobora en cierto modo el estudio de la Universidad tinerfeña.

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