Últimamente, es bastante habitual que el Gobierno delegue en una comisión de expertos decisiones sobre reformas de calado. Así ha sido con las pensiones y en los próximos meses otra hará recomendaciones al Gobierno para abordar una profunda reforma del sistema fiscal.

En el caso de la de pensiones, han elaborado en tiempo récord (menos de un mes) un documento en el que aconsejan moderar el crecimiento del gasto en pensiones a través de la aplicación de dos factores: el de equidad intergeneracional (que actuará sobre las pensiones iniciales futuras) y el de revalorización anual (que actuará sobre todas las prestaciones).

En la presentación del informe, su presidente, Víctor Pérez Díaz, insistió en que ninguno de los doce miembros había cobrado “un solo euro” por su participación, abriendo el debate sobre si debían haberlo hecho debido a que son unos profesionales de reputado prestigio o, por el contrario, deben ser “generosos” con su país y entregar el informe gratis.

Hay quien piensa que no han hecho bien al trabajar gratis, ya que consideran que no es un buen modelo: si un trabajo es bueno debe estar bien remunerado, aunque lógicamente el salario esté condicionado por la situación económica. Los hay que creen lo contrario: que es la aportación de estos esfuerzos al que están haciendo todos los ciudadanos en una situación como la actual. Finalmente, hay otros que ignoran este debate y critican que se haya recurrido a un grupo de expertos cuando el Gobierno tiene cientos de asesores que ya cobran por el trabajo realizado por el comité.

Gratis o no, lo cierto es que el comité de expertos ha sido mucho más rápido en su propuesta que las comisiones interminables llenas de políticos. Mientras que el documento sobre pensiones ha costado apenas un mes, la comisión que evalúa la reforma de la administración local lleva casi un año de trabajo sin que se conozcan las conclusiones.

En los próximos meses, el Gobierno quiere abordar la reforma del sistema fiscal y parece que también recurrirá a un grupo de expertos, como también lo está haciendo con el nuevo informe de buen gobierno. Entonces, ¿qué debe hacer el Gobierno con sus asesores? 

*Los expertos que han preparado el nuevo Código Penal tampoco han cobrado. Rechazaron la compensación económica.

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