Antes de que se active el nuevo plan de proveedores tienen 5.286 millones pendientes de abono correspondientes a 2013

Las Comunidades pagan mejor, pero siguen necesitando ayuda del Gobierno

Sólo en el primer trimestre del año, las comunidades autónomas acumulaban 5.286 millones de euros en obligaciones reconocidas no abonadas. Según los datos de Hacienda, este importe es aproximadamente el 18 por ciento de las facturas firmadas por los gobiernos regionales.

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Banderas autonómicas
Las autonomías han liquidado 5.671 millones que tenían pendientes del ejercicio 2012.
El Gobierno ultima la puesta en marcha de un nuevo plan de pago a proveedores para que comunidades y ayuntamientos liquidez las facturas que tienen pendientes de pago. Aunque el del año pasado se consideró una necesidad ocasional, lo cierto es que a las administraciones públicas les sigue costando ponerse al día de sus obligaciones.

Por ejemplo, sólo en el primer trimestre del año, las comunidades autónomas acumulaban 5.286 millones de euros en obligaciones reconocidas no abonadas. Según los datos del Ministerio de Hacienda, este importe es aproximadamente el 18 por ciento de las facturas firmadas por los gobiernos regionales.

Aunque la cifra pueda parecer alta, lo cierto es que el informe del departamento que dirige Cristóbal Montoro indica que la situación ha mejorado notablemente, ya que el importe es un 10 por ciento inferior al del primer trimestre del año pasado, justo antes de que se activara el primer plan de proveedores.

Además, desde que comenzó el año, las autonomías han liquidado 5.671 millones de euros que tenían pendientes del ejercicio 2012. Según el informe, la mayoría de los pagos corresponden a los capítulos 2 (gasto corriente) y 6 (inversiones), lo que hace pensar que se han saldado algunas deudas con los proveedores.

Aún se desconoce el importe que tendrá el plan de 2013, aunque inicialmente se barajaron los 2.700-3.000 millones de euros. Los últimos detalles que han trascendido señalan que las autonomías podrán incluir las facturas impagadas a otras administraciones, principalmente ayuntamientos. El plan de 2012 pagó más de 28.400 millones de euros a 150.000 contratistas.

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