¿Buen gobierno? No para las empresas públicas

Mientras la Ley de Transparencia se eterniza en el Congreso de los Diputados, donde lleva ya más de 200 días esperando enmiendas, el Gobierno anuncia que prepara una nueva regulación en materia de Buen Gobierno Corporativo. Las normas que imponga serán, en muchos casos, de obligado cumplimiento y, en otros, supondrán recomendaciones para las compañías que coticen en Bolsa.

La experiencia indica que muchas grandes empresas no cotizadas, sobre todo multinacionales, acatan estas normas de Buen Gobierno como si estuvieran en Bolsa, con una excepción: las empresas públicas. Conocer sus datos cuesta mucho tiempo -a veces hay que esperar a que aparezcan publicadas en algún Boletín Oficial e, incluso al Registro Mercantil para conocer cifras concretas- y algunos importes son casi imposibles de conocer.

¿Debería ser así? ¿No somos los ciudadanos “accionistas” de estas empresas públicas y tenemos el mismo derecho a conocer sus cuentas igual que un inversor del Santander conoce las del banco”?

En primer lugar, las empresas cotizadas tienen obligación de dar a conocer trimestralmente su balance. En ellas, deben especificar gastos e ingresos y una copia de la cuenta de pérdidas y ganancias. La CNMV les impone una fecha tope para presentar sus resultados y, si no lo hacen, son sancionadas.

Por ejemplo, las empresas del Ibex tuvieron de plazo hasta el 1 de marzo para dar sus cuentas de 2012 y todas (a 15 mayo) ya han publicado también las del primer trimestre. Aena, una compañía de un tamaño similar al de muchas del selectivo, aún no ha presentado su memoria de 2012. Es decir, los últimos datos que conocemos de Aena, a la que mantenemos, son de hace casi año y medio. Y no hay sanciones.

Sus memorias y balances tampoco suelen ser los mejores. Por ejemplo, conocer la retribución y dietas de sus directivos y consejeros es complicado. Hace apenas unos días, nos enteramos de que el Icex pagaba dietas millonarias por asistir a sus consejos. ¿Cómo es posible que esto no apareciera en ninguna de las memorias publicadas entre 2006 y 2011?

Son sólo dos ejemplos, pero parecen una buena muestra de que las empresas públicas aún no se han sumado al carro del Buen Gobierno. Nunca es tarde.

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