El 28 de febrero se aprobó el nuevo “Código de Conducta de los Señores Diputados”, entraba en vigor el 2 de abril y este martes, 24 de septiembre, se ha disuelto la Cámara, pero las novedades que incluía esta regulación y que fueron tan aplaudidas, no han llegado a ponerse en marcha. Era un trabajo de la anterior legislatura, la XII, pero la XIII, que empezó el 21 de mayo y terminará el 2 de diciembre, tampoco nos ha dado avances en materia de transparencia.

Según el artículo 4 del Código, los diputados están obligados a presentar, además de las declaraciones de actividades y bienes, un registro de intereses, un documento de cuya elaboración se encarga la Comisión del Estatuto de los Diputados, según el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 21 de diciembre de 2009.

En este folio, cada diputado debería haber estado obligado a indicar “las actividades que haya desempeñado en el pasado y que le hayan proporcionado ingresos económicos”; “la obtención para sí, antes de iniciar su actividad como Diputado (sic), de donaciones u obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza; o “cualquier otro extremo que el Diputado (sic) considere relevante a efectos de un posible conflicto de interés”.

Hemiciclo del Congreso, con Rajoy de presidente (El Economista. EFE).

Pero el nuevo Código también obliga a los parlamentarios a entregar a la Secretaría General de la Cámara “los obsequios recibidos por el Diputado (sic) en los viajes oficiales autorizados por la Mesa [que] serán inventariados y publicados en el Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados”.

El pasado mes de agosto, Sueldos Públicos preguntó por este tema a fuentes del Congreso, pero la respuesta fue que lo que había publicado en el Portal de Transparencia era lo que había y nada más. La Comisión encargada se había constituido el 30 de julio y, en plenas vacaciones, después de tres meses desde el inicio de la legislatura y sin actividad legislativa, los encargados del asunto todavía no se habían reunido.

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Pero la Cámara Baja no es la única institución pública que parece que haya dado pasos atrás en materia de transparencia. Hace tan solo unos días, la Fundación Ciudadana Civio, que tiene como objetivo “lograr una transparencia real y eficaz en las instituciones” desde 2011, denunciaba el retroceso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en la materia que él mismo gestiona. Desde 2013 llevan reivindicando que la contratación del personal eventual sea pública. Es más, hace unos años, el CTBG defendía que la identidad del personal eventual de las instituciones debía hacerse pública. Consideraba que en este caso (cargos públicos elegidos ‘a dedo’ sin ningún procedimiento público), prevalecía el interés público. Sin embargo, desde hace unos meses, el Consejo ha cambiado de opinión: solo deberán publicarse las identidades de los cargos con un nivel 28, 29 y 30 (los más altos).

Civio no estaba de acuerdo, y más teniendo en cuenta que el propio CTBG afirmó que esto no debía ser así. De esta forma, volvió a intentar que el CBTG le desvelara la identidad del personal eventual del ejecutivo de Sánchez, pero ahora el argumento del Consejo era que solo debería trascender la identidad de aquellos cargos que ejercieran funciones de asesoramiento o que fueran de especial confianza para el cargo público. 

Personal eventual del Congreso

En esta línea, este digital quiso indagar en la identidad de los asesores y el personal eventual del Congreso de los Diputados, es decir, el personal elegido ‘a dedo’. El nombre y apellidos de estos cargos sí se puede conocer, aunque no es del todo transparente. Estos datos se publican en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, por lo que sus identidades no se publican en un solo listado, si no que hay que dar con cada uno de los boletines en los que aparecen sus nombramientos. No hay referencia alguna a su experiencia profesional y formación académica.

Así, a fecha 13 de septiembre, había 240 puestos elegidos ‘a dedo’ en el Congreso: seis en la Presidencia del Congreso, 16 en las Vicepresidencias y Secretarías de la Mesa, uno para la Expresidencia del Congreso, 21 para los presidentes de Comisión, 70 para el Grupo Socialista, 33 para el Grupo Popular, 35 para el Grupo Ciudadanos, 31 para el Grupo Confederal Unidas Podemos – En Comú Podem – Galicia en Común, cuatro para el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ – PNV), siete para el Grupo Parlamentario Republicano, 10 para el Grupo Mixto y seis para el Grupo Parlamentario Vox.

El Confidencial publicaba este lunes, 23 de septiembre, un listado del personal eventual del Congreso, el cual cifra en 238. Nuestros cálculos dan 240. Desde Suelos Públicos hemos ido anotando los nombramientos y los ceses publicados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, con fechas entre el 31 de mayo y el 18 de septiembre.

Aunque sí hemos podido dar con sus nombres, no lo hemos podido hacer con sus retribuciones. Al menos, con los de los asesores, asistentes y asistentes técnicos de los grupos. En una Resolución de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en relación con un recurso interpuesto ante una solicitud de acceso a la información de junio de 2016, la Mesa afirmaba que:

Existen tres tipos diferentes de personal eventual para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios, que son Asesor, Asistente-Técnico y Asistente. Se trata de personal eventual nombrado al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 del Estatuto de Personal de las Cortes Generales, cuya retribución no procede divulgar, del mismo modo en que no es objeto de publicación la retribución de los funcionarios, por constituir un dato de carácter personal protegido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El Confidencial afirma, en el artículo ya citado, que los asistentes cobran 2.027 euros al mes; los asesores, 4.054 euros; los asistentes A, 2.533 euros; los asistentes técnicos 3.040; y los asistentes técnicos A, 3.547 euros mensuales.

Por su parte, el Portal de Transparencia del Congreso sí publica los sueldos de los cargos nombrados por la Mesa. Los secretarios generales perciben 9.504 euros brutos al mes y los secretarios generales adjuntos, 7.839 euros. Además, los directores (“nombrados entre funcionarios de los Cuerpos de Letrados, Archiveros-Bibliotecarios y Asesores Facultativos a propuesta del Secretario General”), perciben según las retribuciones fijadas al cuerpo al que pertenezcan, además de un complemento de director de 1.897 euros y 355 en concepto de gastos de representación.

Parece incluso irónico que muchas administraciones locales y autonómicas, así como sus cámaras legislativas, publiquen la identidad y las retribuciones del personal eventual en sus portales de transparencia, como hemos podido comprobar en varias ocasiones en este digital, y que la propia Administración General del Estado, el Congreso de los Diputados y el Senado no lo hagan.

Y otra reflexión. Con una legislatura tan corta, con escasa carga de trabajo, decenas de asesores perderán su puesto de trabajo porque el grupo parlamentario que los nombró obtendrá menos diputados que el pasado 28 de abril. Eso supone menos subvenciones y menor capacidad de contratación. En algunos casos, son personas que estaban en la empresa privada con una nómina segura y que vieron una oportunidad profesional atractiva para cuatro años. Cesarán en las próximas semanas y tendrán que volver a empezar. Si estaban en servicios especiales o excedencia es posible que su reincorporación sea sencilla, de lo contrario, solo los funcionarios tienen un regreso asegurado tras abandonar política. La otra opción son las puertas giratorias, cada vez más censuradas.