El Gobierno sigue dando vueltas a la reforma de la administración pública, pero, por ahora, ha dejado cualquier decisión en manos de una comisión, que tiene que dar su veredicto en el mes de junio. A partir de ahí, el equipo de Rajoy aplicará las recomendaciones que considere convenientes, con las que prevé ahorrar nada menos que 7.619,4 millones de euros hasta 2019, según consta en el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas.

Entre las medidas con las que espera reducir gastos, el Ejecutivo describe estas cuatro:

• Clarificación de las competencias locales para evitar duplicidades.
• Racionalización de las estructuras organizativas: locales, sector público local, ordenación de las retribuciones de alcaldes y empleados locales.
• Mejora del control financiero y presupuestario, reforzando las funciones de los interventores locales
• Favorecimiento de una regulación favorable a la iniciativa económica privada.

Cuando la comisión dé su veredicto, el Gobierno también prevé reformar la ley de financiación local, una reclamación que los ayuntamientos tienen desde hace años.

La revisión del objetivo de déficit español por parte de Bruselas ha permitido al Gobierno ser generoso con las comunidades autónomas a la hora de compartir esfuerzos y les da dos años más de lo previsto, hasta 2015, para reducir el desfase presupuestario al 0,7% del PIB. Además, espera que con la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica, las autonomías puedan ahorrar 797 millones de euros en intereses este año.

Con los ayuntamientos, el Ejecutivo no ha sido tan benévolo y les exigirá equilibrio presupuestario este año. A cambio, se ha comprometido a poner en marcha un nuevo fondo de pago a proveedores para que liquiden sus deudas.

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