(EP/Redacción).- El Gobierno de Mariano Rajoy trabaja en "dos líneas esenciales" que se traducirán en un par de proyectos de ley para atajar los sonrojantes niveles de corrupción que sufrimos. Una relacionada con la regulación del ejercicio de las funciones políticas, que dejará claro "cuál ha sido la situación patrimonial" de los cargos públicos cuando entran y dejan su puesto; y otro sobre control de la actividad económica y financiera de los partidos que pone el acento en la transparencia de las formaciones políticas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes que van "muy avanzados" los textos de las nuevas leyes que anunció el presidente, en el Debate sobre el estado de la Nación celebrado el pasado mes de febrero para mejorar la lucha contra la corrupción en España. Aunque ha dicho que el Gobierno quiere aprobar esas normas "con agilidad", no ha dado ningún calendario concreto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha recordado que el pasado 13 de marzo se constituyó el grupo de trabajo que estudiará las reformas en materia de regeneración democrática, que está integrado por representantes de Presidencia, Hacienda, Justicia, Economía y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

La 'número dos' del Ejecutivo ha indicado que esos textos están "muy avanzados" y, de hecho, ha añadido que este jueves mantuvo una reunión con la Comisión Permanente del Consejo de Estado para informar a sus miembros de que el Gobierno tiene intención de aprobar estas leyes "con cierta agilidad".

Además, Sáenz de Santamaría pidió al Consejo de Estado -órgano que preside el exministro, José Manuel Romay Beccaria- su colaboración en la redacción de esas normas dada su "amplia experiencia", con el fin de que pueda dar su "opinión" sobre "algunas cuestiones" que se incluirán en esas futuras leyes.

Administraciones Públicas

Sáenz de Santamaría ha explicado además que el Gobierno está trabajando en la reforma de las Administraciones Públicas -se fijó el 31 de junio como fecha tope para que a comisión que estudia esa reforma presente un informe-, que se incluirá en el paquete de reformas que el Gobierno presentará el próximo 26 de abril y que enviará a Bruselas.

Según ha recordado, esa comisión trabaja en cuatro grupos de trabajo: uno sobre reducción de duplicidades entre administraciones pero también "en la propia Administración del Estado consigo misma" para evitar que dos ministerios hagan lo mismo; otro sobre análisis de los organismos públicos; un tercero sobre fórmulas para ahorrar costes a través de centrales de compras como, según ha dicho, ya está aplicando el Gobierno; y un cuarto sobre simplificación normativa y de procedimiento.

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