¿Cómo de transparente es la empresa semipública Avalmadrid? En su web aparece el logo de la Comunidad de Madrid, pero no existe un Portal de Transparencia como tal. Es una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), es decir, una entidad financiera que tiene por objetivo facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas a través de la prestación de avales, por lo que tiene “carácter mercantil”, según dice en sus estatutos, y por tanto es una empresa privada, pero percibe fondos públicos. Además, su Consejo de Administración está formado por representantes de los socios protectores, aunque solo perciben una “remuneración aquellos miembros […] que ostenten la condición de consejero independiente”, de 4.800 euros brutos según su Informe Anual de 2018.

Avalmadrid recibe dinero público y el año pasado se pagaron hasta 65 nóminas con parte del esfuerzo del contribuyente, pero parece que su organización no está sometida a las exigencias de la Ley de Transparencia y Participación de 2019 de la Comunidad de Madrid. No obstante, el artículo 3 de esta norma establece que son sujetos obligados las

entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones de las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid para la financiación de sus actividades y funcionamiento ordinario. (...) estarán sujetas, además de a las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica, a las exigencias específicas de publicidad de la información que puedan establecerse, (…), en los supuestos siguientes:

Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, en todo caso.

Las entidades privadas que perciban dichas ayudas o subvenciones en una cuantía superior 60.000 euros o cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 30 % del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Y una de esas obligaciones, a simple vista, debería ser la de disponer de un Portal de Transparencia, pero, -aquí viene la ‘letra pequeña’ de la ley- la “obligación de transparencia” del artículo 8 se ciñe solo a los “sujetos incluidos en el artículo 2”. No el 3, donde se circunscribe Avalmadrid. Para conocer más datos sobre esta empresa pública/privada tenemos que rastrear su memoria económica y llamar por teléfono. Sueldos Públicos ha hecho las dos cosas con suerte dispar. Seguimos esperando que nos devuelvan la llamada.

Comisión de investigación

El PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, con el apoyo de Ciudadanos, han presentado una petición en la Asamblea de Madrid para iniciar una comisión de investigación sobre la empresa Avalmadrid y su relación con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. El PP, que gobierna en Madrid con el apoyo de Ciudadanos, quiere frenarla porque, según dicen, no es “un asunto de interés público dentro de las competencias de la Comunidad de Madrid”, al ser una empresa privada. Este último dato no es del todo cierto, ya que la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid es el socio protector con más capital suscrito. Concretamente, 16,7 millones de euros.

También hay que tener en cuenta que, en el segundo puesto, se encuentra Bankia con 16,2 millones, empresa que fue rescatada con dinero público. 22.400 millones de euros. Por detrás, con 2,7 millones de capital, se sitúa la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (COCIM), “una corporación de derecho público con personalidad jurídica […] que se configura como órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas”, según dice su propio Portal de Transparencia, y que tuvo unos ingresos públicos de dos millones de euros en 2017 de un total de 19,2 y de 1,9 millones de 17,2 en 2018 (un 11% de fondos públicos en ambos años).

El Consejo de Administración

La presidenta de Avalmadrid es Rosario Rey García, directora general de Economía, Estadística y Competitividad de la Comunidad de Madrid hasta el pasado 27 de agosto. Por ese puesto, percibía un sueldo de 95.364 euros brutos anuales (7.947 euros al mes), según su declaración de actividades pública en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. También representan a la Comunidad en este órgano Javier Ruiz Santiago, viceconsejero de Economía y Competitividad entre 2015 y 2019, cargo por el que ingresaba 97.277 euros al año (8.106 euros al mes), y Antonio Luis Carrasco Reija, que ocupó la Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte de Madrid hasta el 27 de agosto. Ingresaba 98.861 euros al año (8.238 euros mensuales).

La Dirección General de Avalmadrid la ostenta Pedro Embid Herranz desde marzo de 2018, aunque el pasado mes de julio el Consejo de Administración decidió que cesara por algunas discrepancias, según adelantó El Confidencial. La razón es que Embid se había negado a apoyar la denuncia que el ente puso ante la Fiscalía por unos créditos que se podrían haber concedido de forma irregular. Gemma Moral es la secretaria del Consejo y Mar Escudero de Madariaga, la vicesecretaria.

Según el Informe Anual de 2018, el ente gastó 2,6 millones de euros en sueldos y salarios y 263.000 euros en indemnizaciones. 3,6 millones en total de gastos de personal con 65 trabajadores. En 2017, con 74 empleados, los gastos ascendieron hasta los cuatro millones (2,9 en sueldos y salarios y 302.000 en indemnizaciones). El año pasado había, en plantilla, seis directores, 15 responsables de área, 23 técnicos, 11 administrativos y cinco auxiliares administrativos. Un total de 60 trabajadores, aunque el informe menciona que “el número medio de empleados de la Sociedad durante el ejercicio 2018 es de 65”.

El papel de Díaz Ayuso

La iniciativa de formar una Comisión de Investigación ataca directamente a la presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso, quién tiene un sueldo público de 103.090 euros brutos al año (8.591 euros al mes), como te contamos hace tan solo unas semanas en este artículo.

La polémica viene después de conocerse que, en 2011, año en el que Díaz Ayuso entró por primera vez a la Asamblea de Madrid como diputada, Avalmadrid concedió un aval de 400.000 euros, a una empresa, MC Infortécnica, cuyo 25% era de su padre, según el rotativo mencionado. Una deuda que nunca se recuperó y que superó los 500.000 euros. Además, Díaz Ayuso habría mantenido contacto con directivos del ente mediante correo electrónico.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se defiende ahora afirmando que se le “intenta mezclar de manera torticera con esa gestión y mi caso no tiene nada que ver. Queda claro que mi familia no se ha enriquecido, ni se ha aprovechado de mi ascenso en política: cuando mejor me ha ido a mí, peor le ha ido a ella”, afirmó en una entrevista en Es Radio.