Lluís Recoder, otro que se aprovecha de la puerta giratoria (revolving door)
Las aguas en Cataluña siguen bajando turbias y no es solo por el deshielo primaveral ni por las lluvias de las últimas semanas. Si en febrero nos hacíamos eco del nivel de transparencia de la empresa pública Aguas de Barcelona y de las dificultades de Sueldos Públicos para averiguar la retribución de su director, Leonard Carcolé, esta vez tenemos que centrarnos en otro charco lleno de fango. Nos explicamos.
El exconseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Lluís Recoder, ha dejado la política tras 27 años cobrando un sueldo público. El 6 de marzo renunció a su escaño en el Parlamento autonómico. Durante los dos años en que ha ejercido el cargo de conseller ha cobrado 108.576 euros brutos anuales. Son 14 pagas de 7.755 euros. En total, los catalanes habrán costeado, aproximadamente, unos 217.000 euros brutos. Eso, sin contar las cuotas de la Seguridad Social. Además, como hasta hace poco menos de un mes no había renunciado a su escaño, percibía 1.543 euros al mes en concepto de indemnización para gastos de viaje y desplazamiento del Parlamento de Cataluña.
En septiembre de 2012 comunicó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que no quería repetir en el cargo. Una de sus decisiones más polémicas durante su gestión -razón de este artículo- fue que adjudicó la concesión de Aigues Ter Llobregat (ATLL) a la empresa Acciona. Desde hace poco más de tres meses, Recoder trabaja en la empresa privada, concretamente, fue fichado por la consultora KPMG. Lo que nos produce ardor de estómago es que ya es de sobra conocido que esta consultora trabaja para Acciona. Blanco y en botella.
La guerra del agua
Por un lado, el Govern de la Generalitat ha anunciado que presentará un recurso de reposición ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para defender la postura del equipo de Mas en adjudicar la gestión de ATLL a un consorcio que encabeza Acciona. Es más, el conseller de Presidencia, Francesc Homs, quiere que los tribunales demuestren que el concurso público de ATLL se hizo con las correspondientes garantías de igualdad y transparencia.
Eso sí, y aquí viene un dato clave, el conseller ha reconocido, de nuevo, que la adjudicación se llevó a cabo para garantizar las finanzas de la Generalitat. Obtuvieron así, 300 millones en líquido para cuadrar las cuentas del año pasado.
Afiliado a los 18 años
En la página web personal de Lluís Recoder podemos leer, en catalán, una entrevista que concedió a Tot Sant Cugat en la que afirmaba que “siempre había pensado que la política es una vocación, una dedicación, un servicio. Nunca he creído que tenía que ser una profesión y en este momento estaba en una situación comprometida, peligrosa, porque podía haber acabado haciendo de la política mi profesión. Necesito tener la libertad de saber que puedo ganarme la vida fuera de la política”. Tras leer estas declaraciones uno reflexiona sobre la idoneidad de la limitación de mandatos y si son del todo sinceras las palabras de Recoder ya que más de un cuarto de siglo cobrando sueldos públicos parece demasiado tiempo para no haberse dado cuenta de que uno estaba acomodado en el sillón.
Nació en 1958. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Especializado en temas urbanísticos. Desconocemos si ha ejercido la profesión. En 1976, con solo 18 años, se afilió a Convergència Democràtica de Catalunya. Estamos, por lo tanto, ante otro caso típico de cómo cultivar, mimar y dejar crecer a un miembro de la llamada casta política. Con 26 años ya era diputado en el Congreso por Barcelona. 13 años sentado en un escaño es un bagaje considerable para haber dejado la política en ese momento. Era 1999. Pero decidió pasar al ámbito local. Desde esa fecha y hasta 2010 fue alcalde de Sant Cugat del Vallés. Su último puesto de trabajo ya lo conocemos. Duró poco como conseller de Territorio de la Generalitat de Cataluña. Lo que ‘aguantó’ la legislatura antes del órdago independentista de Mas.
Además, entre 1999 y 2006 también fue diputado autonómico y llegó a ser vicepresidente quinto de la Diputación de Barcelona en 2007. Como habrás comprobado, ha pasado por diversos cargos, niveles administrativos, sueldos públicos y responsabilidades. Pero ¿qué experiencia previa tenía cuando se afilió al partido? ¿Cuántos años ha cotizado en la empresa privada?
Un cuarto de siglo da para mucho. En política puedes encadenar varios mandatos consecutivos como alcalde o concejal y varias legislaturas como diputado. Además, si uno se aplica puede llegar a ejercer cargos en el nivel ejecutivo de la Administración Pública. Pasado ese tiempo, que en Sueldos Públicos hemos dicho hasta la saciedad que es demasiado, pueden surgir dudas, cansancio, trapos sucios o plantearse volver, regresar o iniciar una nueva etapa profesional en la empresa privada. Es lo ideal, pero ojo, con matices. No nos valen todos los regresos. Aprovechar la experiencia y los contactos de lo público para seguidamente acabar en lo privado no es ético y encima es una tomadura de pelo si no se establecen cláramente las incompativilidades y los conflictos de intereses. Eso sí, el sueldo no es una broma.
En otras ocasiones hemos comentado en el ámbito de la transparencia el concepto de ‘revolving door’ o puerta giratoria. Es un término que hace referencia a aquellas situaciones por las que un político pasa de lo público a lo privado sin control alguno y sin haber analizado que su gestión podría haber favorecido los intereses de la empresa por la que ficha. Entrar y salir, salir y entrar de una esfera a otra y obtener ventajas allá donde voy. En la Unión Europea es un tema constantemente fiscalizado y en España empezó a chirriar tras el fichaje de la exministra socialista, Elena Salgado, por una empresa filial de Endesa en Chile. Pero en todas partes cuecen habas y en algunas, a calderadas. Es decir, que hay ejemplos para aburrir. Sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid, hay ex altos cargos de la Sanidad que ahora dirigen empresas privadas del mismo sector.
Conclusión. Parece que invertimos el orden de los factores. Lo ideal es acumular experiencia profesional, independencia económica y formación fuera de lo público para luego, si uno se lo plantea, servir a los demás. Con la casta política pasa lo contrario. Sus miembros solo pueden presumir de acumular cargos orgánicos dentro del partido y cargos públicos electos y con eso, parece que a muchas grandes empresas les sirve, acaban sentándose en un consejo de administración con 200.000 euros de sueldo como agradecimiento por las decisiones favorables a los intereses de estas que tomaron cuando su salario se lo pagaban los contribuyentes, es decir, tú, yo y la carnicera de la esquina.