MADRID (EUROPA PRESS/Redacción).- Una de dos. O el PP hace como Cospedal y su declaración de bienes, que la hizo pública el 31 de diciembre sabiendo que al día siguiente no hay prensa escrita, y los populares repiten la operación el viernes santo o el compromiso no se cumple. La promesa realizada por el Partido Popular de que todos los cargos ejecutivos de la dirección nacional hicieran públicas sus declaraciones de la renta y patrimonio sigue sin hacerse efectiva dos meses después. Aunque sí lo han hecho, en su mayoría, los presidentes autonómicos populares y los líderes regionales.

La publicación de los llamados 'papeles de Bárcenas' por parte del diario "El País" a finales de enero, en los que figuraban pagos a buena parte de la cúpula del partido, incluyendo a Mariano Rajoy, provocó un auténtico terremoto en las filas populares, que se saldó con la publicación, por parte del presidente del Gobierno de sus declaraciones de renta y patrimonio desde el año 2003 a 2011.

Este compromiso que adquirió Mariano Rajoy el pasado dos de febrero y que cumplió siete días después, fue secundado por los presidentes autonómicos del PP y por sus líderes regionales y también lo suscribió la dirección nacional comprometiéndose a que todos los cargos de secretario ejecutivo para arriba hicieran lo propio.

Estos compromisos salieron de la Junta Directiva Nacional convocada por Rajoy el 2 de febrero, una semana después de hacerse públicos los 'papeles de Bárcenas', en la que el presidente del PP dejó claro que "nunca" había recibido, ni repartido negro, ni en el PP ni "en ninguna parte".

Un par de días antes, la secretaria general, María Dolores de Cospedal había anunciado que los dirigentes del PP se comprometían a hacer declaraciones juradas ante la gerente-tesorera del PP, Carmen Navarro, a publicar sus declaraciones, al tiempo que anunciaba la realización de dos auditorías, una interna y otra externa, y la interposición de acciones judiciales.

Sin embargo, a la publicación de las datos fiscales de Mariano Rajoy no le han seguido los del resto de la dirección de Génova, que afectaría a un total de once personas, si no se cuenta la del presidente del PP, ya presentada, la de la secretaria general del partido, que hizo pública en el Parlamento de Castilla La Mancha y la de los portavoces populares en Congreso, Senado y Parlamento Europeo.

La decisión que se anunció fue que se 'colgarían' los datos de los vicesecretarios generales -Carlos Floriano, Javier Arenas y Esteban González Pons-; los de los coordinadores, que son dos -Juan Carlos Vera y José María Beneyto- y los de los secretarios ejecutivos, que son: Juan José Matarí (Política Autonómica); Manuel Cobo (Política Local); Vicente Tirado (Electoral); Juan Carlos Aparicio (Formación); Relaciones Internacionales (José Ramón García Hernández) y PP en el Exterior, Alfredo Prada.

Posteriormente se matizó que las declaraciones se presentarían desde el momento en el que estos cargos asumieron responsabilidades en la dirección del partido, lo que reducía el ámbito de aplicación de la medida porque muchos de ellos fueron elegidos en el Congreso de Sevilla de febrero de 2012 y la declaración de la renta de ese ejercicio fiscal aún no se ha presentado.

Sin embargo, ninguna de estas declaraciones fiscales se ha hecho pública por parte del partido, aunque han transcurrido dos meses desde que se anunciara.

Además, las acciones judiciales también se hicieron esperar. No las de María Dolores de Cospedal, que las inició el 15 de febrero en un juzgado de Toledo, después de comprobar la falta de consenso entre los dirigentes de su partido sobre contra quién ir y por qué delitos. Pero las acciones judiciales del PP en su conjunto y las individuales que se habían anunciado se limitaron a una sóla demanda civil, en la que no figuraba por separado Mariano Rajoy, por derecho al honor contra "El País" y contra el autor de los papeles que el citado periódico atribuye al extesorero Luis Bárcenas. Una demanda que se presentó con defecto de forma por no presentar los poderes adecuados para pleitos, aunque esto se subsanó posteriormente.

Quienes sí han ido publicando sus declaraciones de renta y patrimonio han sido los barones populares. Todos los presidentes autonómicos ya la han hecho pública, menos el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, a pesar de que, según algunas fuentes, fue éste precisamente quien sugirió, durante la última Junta Directiva del PP, que todos los 'barones' del partido imitaran la decisión de Rajoy.

No obstante, según fuentes del Gobierno extremeño, su publicación está pendiente de un acuerdo parlamentario para fijar el periodo y las condiciones en las cuales se harán públicas las declaraciones de Hacienda de todos los miembros del Parlamento. Estas mismas fuentes aseguran que es el que menos cobra de todos los presidentes autonómicos, 3.100 euros netos al mes.

Otros presidentes

El presidente valenciano la colgó su declaración íntegra en la web del Gobierno valenciano el pasado 15 de febrero; el día 20 lo hacía el presidente madrileño, Ignacio González y también lo han hecho los presidentes de Cantabria, Ignacio Diego; el de Baleares, José Ramón Bauzá; el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, que lo hizo en la página web del PP aragonés y el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Mientras que el presidente de La Rioja sí ha hecho público su patrimonio pero no la declaración de la renta. La secretaria general del PP y presidenta de Castilla La Mancha había entregado ya a finales de año en las Cortes su declaración de ingresos y bienes.

Las declaraciones del resto de barones regionales que no son presidentes de CCAA se han hecho públicas en sus respectivos parlamentos, mientras que el presidente del PP vasco utilizó Twitter para explicar qué bienes tiene a los ciudadanos. Los datos públicos de Alicia Sánchez-Camacho son los del Senado; los del presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, son los entregados en su momento en el Congreso; los de Javier Arenas están en el Parlamento de Andalucía y los de la presidenta del PP asturiano, en el Parlamento regional.

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