No sabemos si es un error mecanográfico o si las condiciones del préstamo hipotecario del senador, Francisco Boya Alós, son totalmente ventajosas. Lo desconocemos. También es cierto que la fuente documental que consultamos carece de validez jurídica y está preñada de medias verdades, pero es lo que tenemos y lo que nos ofrecen y nos venden como símbolo de transparencia. Su tía la del pueblo, en pocas palabras. Un cachondeo, vamos.

Al grano. Según su declaración de bienes y rentas de 2010, publicada en la web del Senado, en octubre de 2005 le concedieron un crédito para costear un inmueble por valor de 112.352,30 euros. Cinco años y dos meses después, con fecha de 31 de diciembre de 2010, todavía tenía pendiente un saldo de 111.639,37 euros. Es decir, en 62 meses solo había pagado 712,93 euros de préstamo. ¿Por qué? El senador no menciona la entidad que le facilitó el dinero. ¿Por qué? ¿Es normal esta situación? ¿Qué condiciones ventajosas, letra pequeña o cláusulas favorables  ha firmado Boya para que no haya pagado intereses en cinco años y solo haya abonado el 0,63 por ciento del importe de la cantidad concedida?

No podemos divagar más allá de los datos del documento. Desde diciembre de 2010 hasta marzo de 2013 han podido ocurrir muchas cosas, pero como no están publicadas, la opacidad se adueña de las cuentas de nuestros políticos. ¿Cuánto ha pagado Boya desde entonces? ¿Por qué no actualizan los datos de la declaración de bienes en primavera y publican cifras de 2012? Las de 2010 son de la anterior legislatura. ¿Qué fiabilidad tiene un documento que es cumplimentado de manera dispar por nuestros diputados y senadores? Algunos ponen su retribución bruta, otros la neta. Otros dejan casi todas las casillas en blanco: no tienen cuentas corrientes, no tienen bienes -o no están a su nombre- no tienen créditos pendientes ni coches o simplemente declaran no poseerlos. Es una macedonia con muchos ingredientes pero siempre incompleta. Así no hay manera de fiscalizar de manera sistemática a nuestros representantes políticos.

Además, lo ideal sería hacer un seguimiento real de ese documento a lo largo de los cuatro años que dura la legislatura. El objetivo de la publicación del documento no es cotillear, ni ver la riqueza de los políticos. Eso nos trae sin cuidado. La finalidad es comprobar que no ha habido un enriquecimiento ilícito o súbito durante el periodo en el que ha recibido un sueldo público. Pero claro, ni con esas. La declaración de bienes y rentas es un mero trámite burocrático para sus señorías y se conocen al dedillo qué conviene mencionar y qué omitir.

Otros ejemplos

Ahora que está en la palestra el asunto de las hipotecas, de los abusos y del acoso a ciertos políticos, conviene recordar, sin caer en populismos, algunos ejemplos de concesiones de créditos. Sueldos Públicos ha ido informando de ello de manera intermitente. Sin ir más lejos, hace un par semanas nos hacíamos eco de que a la senadora del PP, Beatriz Jurado, le concedió un préstamo Caja Sur, al 50 por ciento, de 306.375 en 2002, cuando tenía 19 años. ¿Cuánto ha cotizado esta señora? ¿le avala algún familiar? ¿Qué ingresos estables tiene, además de haber sido asesora?

El caso del diputado de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, es más abultado. Hace menos de tres años, tenía créditos concedidos por valor de 1.166.253 euros. En 2010, todavía debía casi su totalidad: 1.008.039 euros.

El Banco Santander le concedió un préstamo hipotecario en 2008 para pagar una casa de Girona por valor de 600.000 euros. En 2010 pidió una ampliación de hipoteca de 200.000 euros más y en 2011, otra ampliación de 60.000. Es decir, una casa que vale, al menos, 860.000 euros. ¿Cómo pretende la oposición que dimita si sus ingresos como presidente de grupo parlamentario en el Congreso ascienden a 96.777,52  euros brutos anuales más 21.886,32 euros de indemnización, libres de impuestos? Si deja de cobrar el sueldo público no podría devolver los préstamos.

Afortunadamente, de algo nos ha servido llamar por teléfono varias veces al Departamento de Comunicación del PP de Cataluña. La senadora y diputada autonómica, Alicia Sánchez-Camacho, registró, con fecha de 5 de febrero de este año, su declaración de bienes y rentas, entendemos que de 2011, pero tampoco lo explica. Es más, el propio formulario en la anotación número cuatro, a pie de página, es muy claro al señalar que “se excluirán las percepciones recibidas del Congreso o Senado, que se encuentran ya publicadas en la Web de las Cámaras”.

Camacho, como el resto, hacen de su capa un sayo y pone lo que le da la gana. Concretamente, la senadora ganó 108.973,13 euros netos del Grupo Parlamentario Popular del Senado -un sueldo público-, Parlamento de Cataluña ¿dietas de desplazamiento y manutención?, Partido Popular de Cataluña, Partido Popular y Ministerio de Trabajo -trienios-. Sobre esto último, no hay debate. Pero si te das cuenta, Camacho reconoce que ha percibido dos ingresos del PP, uno del catalán y otro de Madrid. En total, cinco retribuciones de diferentes entidades: dos como cargo público electo, dos del partido y una como empleada pública. Lo que pasa es que el documento no desglosa las cantidades. Pagó de IRPF 70.886,14 euros. Sus ingresos brutos, en todo caso, están muy por encima del salario fijado para el presidente del Gobierno: 78.185 euros brutos en doce pagas. Calculamos para Camacho una retención de casi el 40 por ciento. No acaba ahí la cosa.

En agosto de 2009, en plena crisis, la Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona la concedió un crédito de 648.000 euros. Un mes después, otra entidad, el Banco Popular Español, le prestó 55.000 euros. Terminó el año solicitando otro préstamo a Barclays por valor de 37.000 euros. Es decir, en cuatro meses, Camacho pudo disfrutar de una liquidez de 740.000 euros. Dos años antes, en 2007, el BBVA le concedió 26.000 euros.

Ahora ve a la sucursal del banco de la esquina, en tu barrio, y mira a ver si tienen el bolígrafo atado con una cuerda.

Fuente de la fotografía.