Como sabrás, hace unas semanas pusimos en marcha una saga de reportajes sobre Open Government. Nuestro objetivo no era otro que acercar esta materia, de incipiente y reciente difusión, a la mayoría de ciudadanos. Para ello, ya hemos contado con la colaboración de dos agentes implicados en esta área, como son los expertos y los políticos.

Ahora es el momento de darle la palabra a la sociedad civil, que es, al fin y al cabo, la máxima beneficiaria de las políticas de participación ciudadana, transparencia y buen gobierno. Durante las últimas semanas hemos entrevistado a cuatro “activistas” de los movimientos “open”. A continuación se recogen las principales conclusiones extraídas de estos encuentros:

 “La propuesta actual de Ley de Transparencia tiene grandes deficiencias y es una oportunidad perdida”

Quien mejor que David Cabo para comenzar con este reportaje. David lidera la que seguramente sea la organización más importante en materia de OGOV de España: Fundación Civio. Los objetivos de esta organización sin ánimo de lucro son la búsqueda y fomento de la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública, así como promover una ciudadanía activa e implicada. Destacan entre sus proyectos tuderechoasaber.es, dondevanmisimpuestos.es y espanaenllamas.es.

David tiene muy claro lo que significa Open Government para una persona comprometida como él. Lo define como “una nueva forma de gestionar los asuntos públicos por parte de las administraciones, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación y que busca una mayor satisfacción de los ciudadanos y mayor confianza de éstos hacia sus gobernantes”

Para el director de Civio, España suspende drásticamente en materia de transparencia. Reconoce que “ha habido avances en la publicación proactiva de datos públicos (Open Data), pero falta todavía una de las piezas fundamentales para un Gobierno Abierto: una ley de transparencia que reconozca el derecho fundamental de acceso a toda la información pública.

En cuanto a los proyectos públicos en materia de transparencia, Cabo afirma que los mejores ejemplos se encuentran a nivel regional, no nacional: “Euskadi fue pionero en el campo de los datos abiertos, y su proyecto Open Data Euskadi ha sido reconocido internacionalmente”.  Para él “existen otros buenos ejemplos de administraciones que apuestan por los datos abiertos, como Aragón, Castilla León o Zaragoza, entre otros, pero ahora mismo son casos aislados”. En cambio, afirma con decepción que “en España haya casi veinte portales de datos abiertos, sin coordinación entre ellos, sin un plan a nivel nacional, muchos de ellos inaugurados sólo para salir en una foto pero sin ninguna intención de mantenerlos vivos”

En cuanto a la propuesta actual de Ley de Transparencia para David Cabo este proyecto “tiene grandes deficiencias y es una oportunidad perdida: en vez de aprender de sus experiencias y de aprobar una ley moderna que tenga en cuenta la importancia de la tecnología e Internet, el Gobierno español ha preferido hacer una ley de mínimos que no cumple los estándares internacionales, que excluye una gran cantidad de información y organismos públicos, que tolera el silencio administrativo negativo y que, en resumen, puede que no haga nada para cambiar la falta de transparencia crónica en nuestro país”.

“El riesgo en el que puede caer la normativa de transparencia es que sea un instrumento más de obligaciones de carácter formal”

Javier Sierra es decano del Colegio Oficial de Ciencias Política y Sociología de la Región de Murcia desde el año 2009. Seguramente sea una de las personas más implicadas con la sociedad civil murciana y un gran conocedor de la Administración Pública española.

Para Sierra “el Gobierno Abierto supone que los ciudadanos coparticipan en las decisiones públicas, más allá del rol de electores que se produce cada cuatro años para formar gobiernos”. Sierra cree fielmente que “uno de los principales problemas para la implantación del gobierno abierto reside en la falta de interés de los mandatarios públicos. No obstante, hay otra serie de inconvenientes derivados de la escasa cultura de participación por parte de los ciudadanos, ya que de poco sirve una plataforma de gobierno abierto si luego los ciudadanos no participan o si solo una minoría es la que finalmente influye en las decisiones públicas”.

En cuanto a la situación de nuestro país en materia de transparencia, el decano “no situaría a España en ninguna escala porque para eso tendrían que existir un número suficiente de iniciativas como para poder considerar que realmente se está en condiciones de medir la situación de España respecto al gobierno abierto”. Las razones que le llevan a esta afirmación es que “las iniciativas son muy singulares y el alcance de las mismas es muy asimétrico. Encontramos ejemplos como actuaciones con vocación de permanencia como la plataforma Irekia del País Vasco o en ámbitos locales con la creación de concejalías en la materia”.

Cuando le preguntamos a Sierra qué opina sobre el proyecto de Ley de Transparencia español distingue entre la función directa de esta ley, “que es la de facilitar el acceso a la información por parte de los ciudadanos, especialmente en procedimientos o ámbitos cuyo acceso no es habitual, así como otra función indirecta ejerciendo de mecanismo disuasorio o preventivo de la corrupción”.

En este sentido, Sierra cree que “el riesgo en el que puede caer la normativa en materia de transparencia es que sea un instrumento más de obligaciones de publicación de información de carácter formal, es decir, que se publique mucha información o se tenga acceso a la misma, pero que no mejore de forma sustantiva la transparencia y el acceso a la información. Por poner un ejemplo, de nada sirve publicar información relativa a la salarios o contrataciones públicas si esta información no está lo suficientemente bien presentada como para que un ciudadano de a pie sin excesivos conocimientos técnicos pueda entenderla y comprenderla”.

“Tenemos que fomentar una nueva forma de gobernar donde impere la austeridad, la imparcialidad y la publicidad”

Pepe Morgan es coordinador del Fòrum Persones i Societat Valenciana, una organización que este año está encabezando un amplio número de actos encaminados a fomentar una nueva cultura política. Abogado de profesión, Morgan forma parte de ese grupo de personas de la sociedad valenciana que se desvive por el fomento de la participación ciudadana en todas las esferas públicas.

Para él, “Gobierno Abierto es ante todo una oportunidad de conseguir, a través de las posibilidades que nos abren las nuevas tecnologías, una mayor implicación de los ciudadanos en lo público; de poner a su disposición de una manera accesible toda la información de interés común para que puedan tener acceso a ella con objeto de conocer los detalles de la gestión en la administración”.

Preguntado por la situación de España en materia de transparencia Morgan coincide con el testimonio anterior (Javier Sierra) afirmando que “difícilmente podemos realizar una comparativa de España con los países de su entorno, ya que estos países ya disponen de normativa integra”. Y añade que “llegar después que otros puede tener sus ventajas en la medida que se aprenda de las experiencias de aquellos que están aplicando normativa en esta materia”.

A juzgar por los últimos informes hechos públicos, según Pepe Morgan, “las comunidades autónomas de Cantabria, La Rioja y Euskadi son territorios donde los niveles de transparencia son óptimos. A nivel local, destaca el Ayuntamiento de Gandia, ya que ha  obtenido recientemente un reconocimiento al esfuerzo que ha realizado su gobierno municipal”.

En cuanto al proyecto del Ley de Transparencia, Pepe Morgan afirma que “resultaba una exigencia dotar a nuestro ordenamiento de legislación sobre transparencia”.  En líneas generales, nos traslada que “el texto del proyecto de Ley abarca los elementos básicos integrantes de la definición de Gobierno Abierto”, aunque reconoce y entiende las diferentes demandas o reivindicaciones surgidas en los últimos meses entorno al ámbito de aplicación y a la tipología jurídica que regule esta materia.

Por último, el coordinador del Fòrum Persones i Societat Valenciana nos comenta la importancia que tiene el fomento de la participación ciudadana en los fines y valores de la organización que lidera. “La participación la entendemos desde una doble dirección. La necesidad de establecer vías que favorezcan la implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos y el aprovechamiento de estas por parte de la administración para tener una conexión permanente del parecer de la sociedad en los diferentes asuntos”.

“Para abrir procesos participativos tan sólo se requiere de la voluntad política”

Por último, no podíamos olvidar a uno de los precursores del Gobierno Abierto en el ámbito autonómico valenciano. Estamos hablando de Miguel Sala, coordinador de la Plataforma Ciudadana Govern Obert. Fiel defensor de la apertura de datos en el sector público y de la rendición de cuentas, Sala ha encabezado durante los últimos dos años una plataforma ciudadana que ha sabido acercar las propuestas o reivindicaciones sociales en la materia a la mayoría de población valenciana, sobre todo mediante una muy buena gestión de las herramientas que ofrecen las redes sociales.

Un activista como Miguel entiende el Open Government como  “una forma de gobernar que se basa en la transparencia, la participación y la colaboración y que parte del convencimiento que lograr unas sociedades del conocimiento, informadas y formadas a través de una transparencia real, es una de las bases imprescindibles para garantizar el progreso, ya que los ciudadanos pueden decidir con criterio sobre la acción de quienes les gobiernan y permite a los gobiernos y entidades públicas abrir los procesos a la participación y colaboración ciudadana, lo que supone una co-gobernación con la ciudadanía”.

“Aunque hay acciones locales muy buenas, a nivel estatal, España tiene un claro suspenso”, afirma Sala. Añade además que “para empezar todavía no tenemos una Ley de Transparencia y la futura Ley parece que será una ley de mínimos, que además no contempla el concepto de Gobierno Abierto ni cumple con muchos de los compromisos asumidos por España y establecidos en la declaración del Open Government Partnership”.

Sala se muestra escéptico cuando hablamos de proyectos de éxito en España: “No sé si se puede hablar de éxito, en cuanto a la repercusión social final que han tenido,  pero algunos proyectos como Irekia, han hecho, desde el convencimiento y adelantándose al resto, un gran esfuerzo por aplicar los principios de Gobierno Abierto. En la pasada reunión anual del Open Government Partnership se les reconoció como la única plataforma del mundo que realmente es OpenGov porque aglutina sus tres principios: transparencia, participación y colaboración”. A nivel local, Sala destaca el buen trabajo que ha realizado el Ayuntamiento de Zaragoza abriendo un portal de Gobierno Abierto y elaborando, de manera participativa, una ordenanza de Transparencia.

Por otro lado, el coordinador de Govern Obert cree que el proyecto de Ley de Transparencia español  “está plagado  de graves carencias que impedirán acabar con la opacidad en la vida pública española”. En este sentido se suma en su totalidad con lo estipulado en el comunicado emitido por la Coalición Pro Acceso sobre la futura norma.

Finalmente, subraya que se debe apoyar, desde la formación y la educación,  la importancia en participar en los asuntos sociales, “ya que al final, las decisiones que se tomen nos afectan a todos”. Sala termina afirmando que  “actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, es posible abrir procesos participativos, con un coste relativamente bajo. Tan sólo se requiere de voluntad política para ello”.

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