Actualizado a 22 de agosto de 2019

Durante algunos días de agosto, con el presidente descansando en Doñana, España atraviesa una triple parálisis o parón: vacaciones de los ministros -apenas hay agenda como puedes comprobar en la página web de cada ministerio- gobierno en funciones -sin poder aprobar leyes- y unos presupuestos prorrogados que ni tan siquiera diseñó el equipo de Hacienda actual ya que son los de Montoro de 2018 y Sánchez tiene previsto llegar hasta 2020 con esas cuentas prorrogadas. Esta parálisis podría ser cuádruple y alargarse si finalmente entramos en periodo electoral a partir de la cuarta semana de septiembre.

El 29 de julio de 2019 publicábamos: 

Llevamos 92 días de Gobierno en funciones desde las pasadas elecciones generales, celebradas el 28 de abril. Estamos a dos días de que acabe el mes de julio, marcado por la investidura fallida de Pedro Sánchez. Ahora, se tendrá que llegar a un acuerdo antes del 23 de septiembre. Si no se consigue, los españoles estaremos casi dos meses más bajo un Gobierno en funciones y volveremos a las urnas el domingo 10 de noviembre. Serían las cuartas elecciones generales en menos de cuatro años. Y volverían las rondas de contactos hasta una sesión de investidura que se podría demorar hasta febrero de 2020. En total, estaríamos hablando de unos nueve meses sin Gobierno, lo que dura un embarazo. 

En circunstancias normales, el Gobierno en funciones empieza un día después de las elecciones y termina con la investidura del presidente y el nombramiento de sus ministros. Un periodo que puede alargarse durante tres meses, como ha sido el caso. Pero esta vez no ha habido investidura y, por tanto, la parálisis del Gobierno es doble. Se alarga con unos presupuestos heredados del Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2018 (Wikipedia).

La Ley del Gobierno establece que el Gobierno en funciones “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”. Es decir, no podrá ni aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ni presentar, y mucho menos aprobar, proyectos de ley. La capacidad legislativa del Gobierno se paraliza.

Sánchez, 6.915 euros brutos al mes

El actual Gobierno está en funciones desde el pasado 29 de abril, un día después de las elecciones generales, pero también sigue cobrando lo mismo. Pedro Sánchez tiene un sueldo de 82.979 euros anuales en 12 pagas, según el BOE. Son 6.915 euros al mes. Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones, cobra 77.992 euros al año. 6.499 euros mensuales. Los 15 ministros en funciones, por su parte, perciben 73.211 euros anuales cada uno. 6.101 euros al mes.

Así, el Gobierno en funciones ha costado a los españoles entre el 29 de abril y el mes de julio más de 321.000 euros, solo en sueldos (datos aproximados). El 23 de septiembre, esta cifra ascendería a casi 507.000 euros. Más de medio millón de euros en menos de cinco meses. Si finalmente no hubiese acuerdo y los españoles fuéramos a las urnas el 10 de noviembre, el Gobierno podría continuar en funciones hasta principios de 2020 y la cifra superaría el millón de euros.

Los diputados, a medio gas

Tampoco se han constituido las comisiones del Parlamento, cuya formación está prevista para esta semana. Pero sus señorías siguen cobrando lo mismo que si hubiese actividad parlamentaria. Cuando acabe el mes de julio, el Congreso de los Diputados habrá costado a los españoles 3,3 millones de euros en sueldos desde el pasado 29 de abril, según los cálculos de Sueldos Públicos a partir de los datos del Portal de Transparencia del Congreso y sin añadir las indemnizaciones mensuales en 14 pagas de 1.921 euros para los parlamentarios electos por circunscripciones distintas a Madrid y de 917 euros para los electos por Madrid. 

Si continua sin haber acuerdo, el 23 de septiembre el coste ascenderá, aproximadamente, hasta los 5,3 millones. Este cálculo se ha hecho sumando las asignaciones constitucionales básicas de cada diputado, más los complementos salariales de los miembros de la Mesa del Congreso y de la Junta de de Portavoces, teniendo presente el día de su constitución. (Es imposible ofrecer datos exactos). 

No se ha tenido en cuenta para este cálculo la parte proporcional de la paga extra de junio que percibirán sus señorías puesto que es variable dado que algunos repiten en el cargo y han sido miembros de la Diputación Permanente y sus nóminas han sufrido alteraciones. Otros, en cambio, se estrenan en el cargo, pero no han completado medio año en el escaño y no la pueden cobrar en su totalidad.

El Régimen económico y ayudas de los señores diputados establece una asignación constitucional idéntica para todos los parlamentarios de 2.982 euros. Contabilizando 346 diputados, ya que cuatro de ellos se encuentran suspendidos, estos sueldos han costado a las arcas públicas 3,2 millones de euros. El 23 de septiembre, esta partida supondría ya cerca de cinco millones.

Además, los diputados que ocupan cargos en la Mesa o son portavoces reciben complementos. Así, los suplementos salariales de la presidenta de la Mesa, los cuatro vicepresidentes y los cuatro secretarios han supuesto un gasto de unos 32.500 euros mensuales. Casi 76.500 euros aproximadamente entre su constitución el 21 de mayo y el mes de julio. El 23 de septiembre la cantidad ascendería a unos 134.000 euros. La Junta de Portavoces, formada por ocho portavoces titulares y 21 portavoces adjuntos, se constituyó el 11 de junio y sus complementos han costado ya unos 92.000 euros en menos de dos meses. 69.000 euros al mes. Más de 214.000 euros hasta 23 de septiembre. (*)

Mención especial tiene la Cámara Alta. De los 266 senadores, 60 han sido designados por los parlamentos autonómicos y muchos de ellos ni si quiera ha presentado todavía su declaración de bienes y rentas, como el caso de Javier Maroto. No obstante, los 200 restantes sí están cobrando con normalidad desde el 29 de abril la asignación constitucional básica de 2.982 euros brutos al mes y la indemnización, exenta de tributación, que oscila entre los 915 euros al mes para los senadores de Madrid y 1.920 euros para los del resto de circunscripciones.

Otros gastos

Además de las indemnizaciones ya mencionadas, los parlamentarios también tienen derecho a ayudas de transporte en medios públicos o de aparcamiento en estaciones y aeropuertos, siempre que se entregue justificante. En el caso de que los diputados hagan uso de sus vehículos propios, el Congreso cubre los gastos: 25 céntimos por kilómetro y el coste de peajes. Otras opciones son disponer de un coche oficial o de una tarjeta con un límite de 3.000 euros anuales para el servicio de taxi en la ciudad de Madrid. El Parlamento también cubre los gastos de los viajes oficiales con un máximo de 150 euros al día para viajes al extranjero y de 120 euros si el viaje se realiza dentro de España.

Cada grupo parlamentario recibe una subvención de 29.026 euros mensuales. Hay ocho grupos, por lo que supone un gasto mensual de 232.208 euros. Además de 1.670 euros mensuales a cada grupo por diputado. Así el Grupo Socialista se sumaría 205.430 euros al mes; el Grupo Popular, 110.231 euros; el Grupo Ciudadanos, 95.200 euros; el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, 70.147 euros; el Grupo VOX, 40.084 euros; el Grupo Republicano, 23.382 euros; el Grupo Vasco (EAJ-PNV), 10.021 euros; y el Grupo Mixto, 30.063 euros al mes. Un total de 816.766 euros al mes en subvenciones a partidos.    

También habría que añadir el coste de las indemnizaciones por cese a las que tienen derecho los exparlamentarios de la anterior legislatura: 2.982 euros durante dos años, como máximo. Es decir, la asignación constitucional por cada año de mandato o un periodo superior a los seis meses. Así, fueron 76 los exdiputados beneficiarios de esta ayuda, aunque algunos durante un periodo inferior a un mes. Esta indemnización es incompatible con cualquier otra retribución, prestación o pensión.

(*) Hemos redondeado las cifras.

Noticias relacionadas

El sueldo público en funciones de Rajoy: récord de España