Se acercan las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. Si la tendencia de las encuestas se acentúa, el Partido Popular podría obtener unos resultados como los que ha recogido en los últimos procesos electorales: perderá más de la mitad de sus cargos electos en parlamentos autonómicos, así como en alcaldías y concejalías, diputados provinciales, consells insulares y cabildos que pasarán a estar en manos de miembros de otros partidos. Solo le valdría pactar y sumar con otras fuerzas, aunque saque los peores resultados de su historia, como le pasó al presidente electo de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en 2015.

Desde que Pablo Casado tomara las riendas del partido, en julio de 2018, los ‘populares’ no han dejado de empeorar sus resultados. Sin embargo, es una tendencia que comenzó ya en las elecciones autonómicas de Cataluña, en diciembre de 2017, cuando todavía se encontraba Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España. En esa cita con las urnas, el PP perdió siete escaños en el Parlament de Cataluña, de 11 a cuatro diputados autonómicos. 

En Andalucía, aunque con el apoyo de Ciudadanos y Vox los números daban para “conquistar” por primera vez la Presidencia de la Junta con Juan Manuel Moreno al frente, la realidad es que el Grupo Parlamentario Popular se dejó siete escaños por el camino. Así, de 33 obtenidos en 2015 pasó a 26 en 2018. En 2012 llegó a tener 50 aunque siguió en la oposición seis años más. 

Casado, en una rueda de prensa (El Economista. EFE).

En la Comunitat Valenciana, el pasado 28 de abril, las pérdidas fueron más duras: 12 parlamentarios menos para el partido regional presidido por Isabel Bonig, de 31 en 2015 a 19 este año. Venían de conservar 55 en 2011.

Sin saber si los conservadores han tocado fondo, los resultados de los comicios generales fueron devastadores. De 137 diputados a 66 para el Partido Popular. Perdió más de la mitad de los representantes de los que obtuvo en 2016. En el Senado, más de lo mismo: 56 senadores frente a los 130 escaños que poseía en la anterior legislatura. En total, desde 2017, el Partido Popular ha perdido a 171 cargos electos. De ellos, 157 han caído durante este año, a falta de que gran parte de España lleve a cabo los comicios autonómicos, además de los municipales y europeos. 

Están en juego los cargos (y sus consecuentes subvenciones) de unos 22.750 alcaldes y concejales -de un total de más de 67.400-, 17 representantes en las Juntas Generales del País Vasco, 267 diputados de cámaras autonómicas de un total de 1.268 -País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Comunitat Valenciana no celebran comicios regionales- y 16 eurodiputados en el Parlamento Europeo de 54 posibles.

Subvenciones

La pérdida de cargos electos, sin embargo, no solo conlleva la reducción de las subvenciones públicas, que reciben los partidos y grupos parlamentarios según sus votos y representantes electos. También implica que pierden sus trabajos un número elevado de asistentes y asesores, personal eventual de estos grupos políticos que apoyan a los cargos en sus labores. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, Bonig ya se ha visto obligada a prescindir de hasta ocho asesores, algunos contratados por el propio partido directamente y otros pertenecientes a su personal eventual en las Cortes Valencianas. 

Durante la pasada legislatura, el PPCV contaba con 17 trabajadores en las Cortes, como personal acreditado. Para sus gastos de personal del año 2016, el partido utilizó 546.730 euros. Repartidos equitativamente, significaría una media de unos 32.161 euros brutos anuales por asesor, lo que incluye indemnizaciones y la contribución a la Seguridad Social. En 14 pagas, equivale a un salario de unos 2.297 euros mensuales y 4.594 euros los meses de pagas extraordinarias, en junio y diciembre.

A nivel nacional, el PP logró recaudar en 2016 9,25 millones de euros por sus resultados en el Congreso y 2,64 millones de euros por el Senado. Con el recuento de papeletas del mes pasado, ahora opta a 5,8 millones en el Congreso y alrededor de 1,1 millones de euros en el Senado. Es decir, unos cinco millones de euros menos. En cuanto a los asistentes, a parte del personal eventual para los miembros de la Mesa y los presidentes de Comisión, los grupos parlamentarios se reparten 271 trabajadores según su peso en la cámara. La ratio es de unos 0,77 asistentes por diputado, por lo que durante la pasada legislatura los ‘populares’ contaban con 103 eventuales.

Con los últimos resultados, se reducirá, aproximadamente, el número a 51 asistentes: 52 asistentes menos que hace unos meses. Pierde más de la mitad de sus asistentes. En el Senado, hay 37 asistentes para los senadores, una vez restados aquellos que sirven a los miembros de la Mesa del Senado. La ratio de asistentes por senador varía en función del número de senadores, entre 0,1 y 0,33 eventuales por senador. La pasada legislatura, el partido tenía 14 eventuales, con una ratio de 0,1 como primera fuerza. Si le atribuimos la ratio que correspondía al PSOE como segunda fuerza (0,13), en los próximos años el PP tendrá derecho a siete asistentes.

En definitiva, el 26 de mayo, miles de políticos del PP estarán obligados a cesar porque no repetirán en el cargo. La mayoría solo cobra dietas de asistencia dado el ‘minifundismo’ municipal que existe en España. Son personas que no viven de la política pero dedican muchas horas al partido y a su pueblo.

El problema lo van a tener aquellos que llevan décadas de concejal o de diputado autonómico y su posición en las listas no es nada esperanzador. Una parte de ellos son gente de partido, que ha ‘mamado’ y medrado en las secciones juveniles de la formación, que ha terminado una carrera o no y con veintipocos años lo han puesto a dirigir una concejalía con presupuesto mientras todavía vivía con sus padres y su madre le lavaba la ropa. Habrá otros que ahora pueden tener más de 30, 40 o 50 años y no conocen la empresa privada, ni saben lo que es opositar o emprender un negocio. Esa ‘casta’ como dice el líder de Podemos, Pablo Iglesias, acabará en la cola del paro.