Este viernes comienza la campaña electoral para los comicios generales de próximo 28 de abril 2019 y también para los autonómicos en el caso de la Comunitat Valenciana. En Sueldos Públicos analizamos las diferentes propuestas contenidas o no en sus programas en materia de transparencia, lobbies, retribuciones, gasto y regeneración democrática en las instituciones públicas.

PSOE

Los “110 compromisos con la España que quieres” del Partido Socialista no contiene muchos puntos que prevean modificaciones significativas en la transparencia institucional actual. Parece que el espíritu del 15M se ha esfumado y ya no aparecen tantas propuestas sobre transparencia y regeneración. Ese boom se ha desinflado. 

Entre los aspectos más relevantes está el punto 100, en el que el partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se compromete a hacer “efectiva” la obligación de transparencia de las administraciones públicas. Su idea sería aprobar un Reglamento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que entró en vigor en 2013, y adoptar un protocolo de su cumplimiento por parte del Consejo de Transparencia. En qué consistiría dicho protocolo no queda detallado. Este digital puede corroborar que en algunos casos la citada norma no se cumple. Es el caso del municipio valenciano de Buñol, donde se celebra la famosa Tomatina, que no tiene un Portal de Transparencia.

Los candidatos de los principales partidos nacionales (El Español).

Por otro lado, en cuanto a gasto público, el PSOE se compromete a mejorar la eficiencia, progresividad y calidad del gasto público. Para ello, pretende potenciar el Plan de Acción de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para la revisión y mejora del gasto público. En 2019 se centraría en beneficios fiscales, gasto en medicamentos hospitalarios, infraestructuras de transporte y en incentivos a la contratación.

Partido Popular

La formación conservadora se centra en potenciar los mecanismos de transparencia en el Gobierno con la intención de reforzar el control del Parlamento sobre la Administración General del Estado. Sobre cómo potenciar el Gobierno Abierto, quieren poner a disposición de los ciudadanos información “amplia y detallada” del uso de los recursos públicos y ofrecer “información más comprensible”, por lo que entienden el “uso de datos abiertos y visualizables, como tablas y gráficos”. 

Cabe recordar que el Partido Popular a nivel nacional, pese a varias solicitudes de este digital, no revela las retribuciones de su presidente, Pablo Casado, y su secretario general, Teodoro García Egea. No publican tabla o gráfico alguno sobre las retribuciones de sus empleados o lo que cobran sus altos cargos orgánicos o lo que donan estos al partido. Es decir, proponen una cosa que no cumplen en su propio ‘casa’.

Los populares abordan también otras cuestiones en su programa. Por ejemplo, quieren más transparencia en materia de lobbies, grupos de interés, aunque solo propone un registro de profesionales y empresas para el acceso de “políticos, legisladores y empleados de las Administraciones Públicas”, algo que realmente ya existe. El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente un reglamento para que haya un registro de las reuniones de sus señorías con cualquier empresario o persona particular.

Además, anuncia la idea de dar más transparencia a los partidos políticos en sí, con una reforma de su financiación y un mayor control de los préstamos que reciben, la regulación del crowdfunding y el endurecimiento de las consecuencias si el Tribunal de Cuentas no aprueba los balances presentados. En este sentido, el PP sigue debiendo millones de euros a los bancos, como puedes comprobar en este enlace. Y si los sondeos demoscópicos se cumplen, la cuantiosa pérdida de escaños, alcaldías y concejalías le supondrá una merma en sus ingresos públicos, el despido de decenas de empleados y asesores y la reducción de sus gastos fijos: menos sedes, más pequeñas y más baratas que antes, por ejemplo.

En cuanto a casos más concretos, el Partido Popular reivindica más transparencia en los centros educativos, en las entidades deportivas, especialmente las federaciones, y en las acciones de cooperación al desarrollo.

Ciudadanos

El partido ‘naranja’ coincide en algunos puntos con los ‘populares’. Así, también promete más transparencia en centros educativos, además de en las universidades y que estas hagan públicos y accesibles todos los trabajos que otorguen un título oficial, para evitar casos como el del máster de Cristina Cifuentes o Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos.

Sobre los grupos de presión, propone novedades más duras que las medidas del PP, ya que además de un registro y un código de conducta, quieren obligar a publicar las agendas de trabajo completas de todos los cargos públicos, así como una huella legislativa de los proyectos normativos del Gobierno que recoja los trámites e identifique los grupos de interés que hayan intervenido.

El partido presidido por Albert Rivera pretende “actualizar” la Constitución Española, para, entre otras cosas, incorporar el derecho a la transparencia y a la información pública como un derecho constitucional. Proponen una reforma de la financiación autonómica y municipal con la que garantizan una mayor transparencia, una nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos “que refuerce la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas” y esperan “desbloquear” el nombramiento de un nuevo presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como retirar los recursos judiciales iniciados contra esta institución independiente del Gobierno.

Sobre gasto público, la formación naranja asegura que llevará a cabo una auditoría integral que permita “acabar con el gasto superfluo” e invertir en fines más prioritarios para el interés general, aunque no especifica en qué ámbitos, además de reforzar “con más medios” la revisión del gasto en subvenciones que viene realizando la AIReF, del mismo modo que los socialistas. Además, hace un inciso en cuanto a las televisiones autonómicas, que también serán auditadas “para reducir gasto innecesario y aseguraremos que sus contenidos no sirvan para hacer propaganda ideológica”, en referencia velada a TV3. Asimismo, contempla dejar de prorrogar “de forma automática” las concesiones de autopistas de peaje sin justificación ni transparencia.

Unidas Podemos

De los cinco grandes partidos nacionales que, según las encuestas superan el 10% de intención de voto, solo la formación morada hace referencia a los sueldos de los cargos electos. En Unidas Podemos, pretenden “atrancar” las puertas giratorias en la política, en los altos cargos de la Administración y en el Poder Judicial. Además, proponen eliminar algunos privilegios con los que cuentan los cargos electos: una bajada de sus retribuciones, de manera que en ningún caso sea superior a la de los cuerpos de funcionarios del Estado, y la revisión de sus complementos económicos. No se hace referencia a los cargos de libre designación que perciben el opaco complemento de productividad.

También prometen establecer mecanismos de control de las dietas y los desplazamientos, a diferencia de la situación actual en que los diputados del Congreso reciben una indemnización mensual (917 euros si son de Madrid y 1.921 euros para los de otra circunscripción) para su uso libre. Similares cantidades para los senadores. Recuerda Unidas Podemos impone a sus cargos electos un límite salarial, ligado al Salario Mínimo Interprofesional. El tope son tres veces el SMI al mes, con algunas excepciones por hijos o personas a su cargo. Este año, el SMI ha subido a 14 pagas anuales de 900 euros netos. Por otro lado, Unidas Podemos quiere aumentar la transparencia en torno a los gastos de comunicación de las administraciones públicas.

Sobre inversión en servicios públicos, pretenden alcanzar la que se hace en “otros Estados de la zona euro”, con un paso del 6 % del PIB en sanidad al 7,5 % en 2023, y del 4 % del PIB al 5,6 % en educación para 2023.

Vox

Por último, Vox, que dio la sorpresa en las elecciones andaluzas, no ha presentado un programa específico para estas elecciones. La única guía disponible actualmente son sus “100 medidas para la España Viva” publicada en su web, que ya venía reivindicando previamente. Sobre transparencia, solo menciona “reforzar la normativa de incompatibilidades de los políticos tras el abandono de los cargos públicos”. 

En cuanto al control de los grupos de interés, promete “anteponer las necesidades de España y de los españoles a los intereses de oligarquías, caciques, lobbies”, aunque no contempla mecanismos para garantizarlo. En relación con la inversión pública, es radical en su intención de reducir al máximo el gasto del Estado, a través de la eliminación de “duplicidades”, agencias “superfluas” y “chiringuitos”.

El partido de Santiago Abascal, con 12 diputados cobrando sueldos públicos en el Parlamento de Andalucía, pretende eliminar cargos y organismos “duplicados, ideológicos o por cualquier otra razón prescindibles”, lo que incluye suprimir el Senado y las comunidades autónomas con sus mecanismos legislativos y de gobierno. Sí que es cierto, como ya te contamos en octubre, que Vox lleva en sus propuestas progamáticas eliminar casi 82.000 cargos políticos en España, pero no dice nada sobre las retribuciones de estos ni las de los responsables de entes públicos, como el que dirigió Abascal durante su etapa en la Comunidad de Madrid en las filas del PP. Fue director de la Agencia de Proteción de Datos, con un sueldo de 82.000 euros euros y un complemento de 11.000.