La Diputación de Córdoba está controlada principalmente por el Partido Socialista de Andalucía, aunque también forman parte de la Junta de Gobierno algunos miembros de Izquierda Unida. Como en todas las instituciones públicas, esta diputación tiene asignado un presupuesto para tener su personal eventual, puestos de asesoría y apoyo a los cargos electos que estos eligen según sus preferencias. 

De los 29 eventuales de los diferentes grupos políticos que trabajan en la Diputación de Córdoba, 24 estuvieron presentes en listas de partidos para las elecciones municipales de 2015 en varios municipios de la provincia de Córdoba, más del 80%. Esto incluye tanto a administrativos como a secretarios y responsables de prensa. Si tenemos en cuenta solo a los 13 asesores políticos, 12 de ellos participaron en las últimas municipales, tres fueron cabezas de lista y siete son actualmente miembros de alguna corporación local, aproximadamente el 50%. 

Esto demuestra que una gran parte de los cargos de confianza de las diputaciones acaban siendo como una especie de 'premio de consolación' o agencia de colocación para los candidatos que no salieron elegidos en las elecciones. El partido de turno acaba colocándolos como asesores sin tener presente, en muchos casos, su experiencia profesional o formación académica. Es decir, asesoran humo. Asesores 'almorzadores' los llamamos en este artículo.

Entre los siete asesores que son concejales, tres son parte del gobierno local de los municipios de Iznájar, Baena o Zuheros. Se trata de Isabel Lobato Padilla, segunda en la lista del PSOE para Iznájar en 2015 y ahora primera teniente de alcalde en su Ayuntamiento y concejal delegada del área de Educación, Cultura, Deporte y Turismo. En la institución provincial ejerce como jefa de Gabinete del presidente, Antonio Ruiz Cruz. Por ello, percibe 50.331 euros brutos al año, lo que equivale a 3.595 euros cada mes, 7.190 euros los meses de pagas extraordinarias. No puede cobrar dos sueldos públicos, pero sí recibe del ayuntamiento pagos indemnizatorios por su asistencia a los órganos colegiados.

Andrés García Malagón es asesor del presidente de la Diputación, y figuraba el noveno en las listas del PSOE para el Ayuntamiento de Baena, donde el grupo consiguió colocar a 12 concejales. Ejerce como concejal delegado de Gobernación y E-administración. Por su asistencia a plenos y juntas del gobierno local, percibe 534 euros netos al mes (unos 6.400 euros limpios al año), según el Portal de Transparencia municipal. Por su servicio de asesoría al presidente de la diputación, cobra, además, 34.776 euros brutos anuales, que son 2.484 euros al mes y 4.968 euros en junio y diciembre. 

Los otros dos asesores en el gabinete de la Presidencia son Sebastián Pérez Gallardo, que se presentó con IU a las municipales de Hinojosa del Duque pero no consiguió un sitio en la corporación, y Lucía Alcántara Ortiz, cabeza de lista de los socialistas en Bujalance y concejal en el grupo de la oposición. Ambos tienen un sueldo idéntico al de García Malagón.

En Zuheros, segundo en las listas socialistas, Antonio Poyato Poyato es primer teniente de la alcaldesa Manuela Romero Camacho y delegado de Urbanismo y Medio Ambiente. Como los otros, recibe indemnizaciones por su asistencia a los órganos colegiados del Ayuntamiento. En la institución provincial le pagan como asesor del grupo socialista unos 2.484 euros cada mes, el doble con las pagas extra y un total de 34.776 euros brutos al año.

Entre los asesores del Partido Popular, destaca Pilar Gracia Jiménez, quien llegó a tener un escaño por Córdoba en el Congreso de los Diputados durante su VII legislatura, entre 2000 y 2004. Durante su paso por el parlamento nacional no tuvo responsabilidades adicionales que pudiesen suponer un complemento salarial, por lo que solo cobró la asignación básica constitucional de los diputados. Ahora son 2.973 euros mensuales (41.621 euros al año), más la indemnización, de 1.921 euros libres de impuestos (26.897 euros anuales). Es la única concejal ‘popular’ en la corporación municipal de Espejo y es asesora del grupo en la Diputación de Córdoba, donde es retribuida con 34.776 euros anuales, que son 2.484 euros al mes y 4.968 euros en verano y Navidad.

También entre los eventuales de la diputación se encuentran algunos exalcaldes que no consiguieron revalidar su liderazgo en sus Ayuntamientos. Por ejemplo, Manuel Leyva Jiménez, secretario particular del presidente provincial, quien fue alcalde del municipio de Adamuz durante 20 años, entre 1995 y 2015. Contra todo pronóstico, Leyva perdió la alcaldía con sus cinco concejales en pleno cuando el grupo independiente Decida (dos concejales), Izquierda Unida (dos concejales) y el Partido Popular (dos concejales) aunaron fuerzas para expulsar a los socialistas del gobierno local e investir a la abogada Manuela Bollero Calvillo, de Decida. Desde entonces, Leyva percibe como los otros asesores de la Diputación 34.776 euros al año.

Otro exalcalde que ha ido a parar a la institución provincial es Mateo Luna Alcaide, alcalde de San Sebastián de los Ballesteros desde 1999 hasta 2015. En las últimas elecciones municipales, el grupo Pueblo pudo sobrepasar con cuatro concejales tanto al PSOE (dos concejales) como al PP (un concejal), por lo que Luna perdió la alcaldía, aunque siguió formando parte de la corporación municipal durante un tiempo. A finales de septiembre de 2015, renunció a formar parte del Ayuntamiento y se incorporó a la Diputación de Córdoba como asesor del grupo socialista, con un salario de 34.776 euros al año. El 13 de octubre de 2015, consiguió un escaño en el Congreso de los Diputados, para sustituir a María Angelina Costa Palacios, pero no revalidó su acta de diputado en los siguientes comicios generales de 2016.