En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy creó la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), con la que pretendía mejorar la eficiencia y eficacia de la actividad pública minorando su coste. Es decir, recortar gastos donde puedan cumplirse los mismos objetivos con otros medios, para luchar contra el déficit en plena crisis económica. Para ello, puso la lupa sobre los entes de estudios sociológicos y de opinión de las comunidades de Cataluña, Andalucía y País Vasco, que acumulaban un gasto de unos 4,06 millones de euros en total. Hoy, el gasto no es menor. De hecho, ha aumentado ligeramente, hasta los 4,5 millones de euros (4.508.182 euros).

CORA propuso en un informe de 2013 estrechar las relaciones de colaboración institucional en el ámbito sociológico. Entendía “difícilmente justificable” el gasto en encuestas de opinión e intención de voto por parte de entes autonómicos cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no solo realiza encuestas a nivel nacional, sino también a nivel autonómico. Proponía aumentar la partida presupuestaria para el CIS en detrimento de sus equivalentes autonómicos.

El ultimo estudio del CIS, el primero de 2019, incluye datos autonómicos. Sin embargo, están basados en una muestra pequeña, con solo 304 entrevistas en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, lo que provoca que el margen de error sea de +-6%, el doble de lo habitual en este tipo de encuestas. Recuerda el sueldo público del responsable del CIS en este enlace. José Félix Tezanos y sus peculiares “cocinas” están dejando la reputación del ente por los sueldos.

La Comisión no logró eliminar estos entes autonómicos como pretendía. Solo modificó la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público. Dicha modificación obligó a los centros sociológicos autonómicos a incluir su documentación y sus micro datos anónimos en una base de datos del CIS.

Los tres aumentan su presupuesto

El Centro de Estudios de Opinión (CEO) es el órgano catalán para la realización de estudios de opinión pública. El director del CEO es Jordi Argelaguet Argemí, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, militante de ERC hasta 2003 y, posteriormente, de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido que precedió al PDeCAT. Su retribución al frente del CEO, según el Portal de Transparencia de la Generalitat de Catalunya, es de 82.210 euros brutos al año. Es decir, cobra 5.872 euros al mes, 11.744 euros los meses de pagas extraordinarias. Si haces memoria, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobrará este año, si aguanta 12 meses en el cargo, casi 83.000 euros en 12 pagas, según publicó el BOE hace dos semanas. Son cerca de 7.000 euros mensuales. 

En 2013, el CEO gastaba 1,23 millones de euros. En 2017, según los presupuestos consultados por este digital, la Generalitat le destinó 1,45 millones de euros (1.453.000 euros), unos 220.000 euros más que cuatro años antes.

Andalucía es territorio del Centro de Estudios Andaluces, aunque este ocupa un campo más amplio. Sus objetivos son “el fomento de la investigación científica, la generación de conocimiento sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía y su difusión”. Su directora es Mercedes de Pablos Candón, licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido varios premios de periodismo. 

Desconocemos si cesará con el cambio de Gobierno tras las elecciones autonómicas de diciembre. Según el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, cobra 55.534 euros al año. Esto es, 3.967 euros cada mes, 7.933 euros en verano y Navidad. El Centro de Estudios Andaluces tenía un presupuesto de 2,13 millones de euros en 2013. La cuantía ha aumentado muy ligeramente, con unos 2,18 millones de euros (2.176.895 euros) en 2018.

Por su parte, el Gabinete de Prospección Sociológica es parte de la Dirección de Gabinete de Estudios de la Presidencia del Gobierno Vasco. Su titular es Juan Manuel Castilla, con la función de realizar el seguimiento del programa de trabajo del presidente autonómico, prestar asistencia directa al lehendakari, Íñigo Urkullu, y realizar cuantos estudios, informes y acciones sean precisos para informar a este de la situación y evolución de la realidad social. 

Castilla percibe el sueldo asignado a directores en el Ejecutivo del País Vasco, 4.888 euros mensuales y 9.777 euros en junio y diciembre. Son 68.436 euros anuales, según el Portal de Transparencia autonómico. En cuanto a la cuantía destinada para su ente de estudios sociológicos, era de unos 700.000 euros en 2013. En 2018 contó con 878.287 euros para cumplir sus tareas, según las cuentas públicas de Euskadi.

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