El miércoles pasado se completó el traslado de los presos independentistas en prisión preventiva a centros penitenciarios catalanes con la llegada de Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull a la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona. Así, los presos catalanes pasan de las manos de Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias de la Administración General del Estado, a las de Amand Calderó, director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña.

La administración penitenciaria en Cataluña es una competencia que pertenece al gobierno autonómico y no al nacional, como en el resto de España. Cataluña es la única autonomía que posee la competencia ejecutiva de sus instituciones penitenciarias, desde el 1 de enero de 1984, a pesar de que es contemplada como propia en los estatutos de autonomía de varias comunidades, como en las de País Vasco o Canarias. El director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña es Amand Calderó i Monfort.

Calderó ocupa el cargo al mando de los servicios penitenciarios catalanes desde enero de 2016. Licenciado en Derecho, comenzó a ejercer como abogado en 1985. A partir de 1989 empezó a trabajar en la Generalitat. Primero como técnico superior del servicio jurídico de la Secretaría General del Departamento de Bienestar Social. Luego pasó por varios puestos del gobierno autonómico en los departamentos de Bienestar Social y Justicia y en la Delegación Territorial. En total, acumula más de 29 años en la Generalitat de Cataluña.

Amand Calderó (ACN).

El sueldo público de Calderó es de 85.769 euros brutos anuales en 14 pagas, según el Portal de Transparencia. Es decir, 6.126 euros al mes, unos 12.253 euros los dos meses al año de paga extraordinaria. Este sueldo anual supone 4.816 euros más al año de los que cobra anualmente el presidente del gobierno y 14.345 euros más de los que perciben los ministros. En noviembre de 2017, la sección catalana de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) pidió la dimisión de Calderó, tras la participación de este en un acto en el que se pedía la excarcelación de los presos independentistas.

Responsable estatal

Ángel Luis Ortiz González es el secretario general de Instituciones Penitenciarias del Gobierno de Pedro Sánchez. El magistrado, que trabajó en la Administración de Justicia desde 1977 y como juez y magistrado desde 1988, tomó posesión el 25 de junio. Desde 2015 era director general de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid. Su salario en el puesto que ocupa actualmente, un alto cargo en el Ministerio del Interior con rango de subsecretario de Estado, es de 65.960 euros brutos anuales en 14 pagas, según el BOE. Comprende un sueldo de 13.517 euros, un complemento de destino de 17.685 euros, un complemento específico de 30.354 euros y dos pagas extraordinarias de 2.202 euros cada una.

Ortiz percibirá, únicamente en 2018, lo que corresponda a poco más de seis meses de trabajo, el tiempo que habrá estado en el cargo hasta final del año. Sin embargo, quedaría sumar al salario anual el opaco complemento de productividad, del que no sabemos cómo se concede. Solo conocemos que lo asigna el ministro de cada ramo. Hasta 2008, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tenía rango de Dirección General. Desde esa fecha, el responsable no cobra como director general sino como subsecretario de Estado, un escalón más elevado en el organigrama.

Ángel Luis Ortiz (Ministerio del Interior).

El complemento de productividad de Ortiz podría ser muy alto, si se mantiene la línea del anterior responsable en el puesto, Ángel Yuste Castillejo. La diferencia entre el salario de Yuste y lo que finalmente cobró, según el Portal de Transparencia del Gobierno, es de más de 58.300 euros. A bote pronto, podríamos considerar que toda esa cantidad se corresponde con el famoso complemento de productividad. No obstante, hay que computar los 11 trienios de antigüedad como funcionario del Estado, pero el Portal no detalla esa cantidad y solo informa que ingresó 123.304 euros.

Como Sueldos Públicos ha explicado en otras ocasiones, ese plus salarial es el culpable de que haya cientos de 'cienmileuristas' en la Administración General del Estado que perciben un sueldo más alto de la persona que los nombró. El Gobierno no es transparente en este asunto y no podemos saber con exactitud qué cantidad de su sueldo son trienios y qué cantidad es complemento de productividad. Es posible que 50.000 euros correspondan a este último concepto.

Yuste cobró 123.197 euros en 2016; 122.015 en 2015 y 120.035 euros en 2014. Es curioso que el Portal de Transparencia del Gobierno indique que en 2014, 2015 y 2016 acumule 11 trienios como funcionario del Estado. En cambio, en 2017 no se indica. En enero de 2019, conoceremos lo que ha cobrado Yuste entre el 1 de enero y el 24 de junio del presente ejercicio. El resto de meses y días será el salario de Ortiz.

Ángel Yuste (Ministerio del Interior).

Yuste, nacido en Cuenca en 1957, licenciado en Derecho y diplomado en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid, ya había ocupado el mismo puesto entre 1996 y 2004, durante los gobiernos de José María Aznar, antes de volverlo a ejercer entre 2011 y junio de 2018, cuando fue sustituido por Ortiz. Previamente, estuvo destinado como funcionario en las prisiones de Barcelona, Teruel, Cuenca, Ocaña y en los servicios centrales.

El pasado mes de enero fue imputado por un delito de prevaricación del que le acusaba ACAIP, junto a Luis Aguilera, subsecretario de Interior, y Ana María Velasco, responsable de Recursos Humanos de las cárceles. Los tres negaron ante la juez, a finales de febrero, la acusación de adjudicar puestos de trabajo ‘a dedo’. Yuste se defendió explicando que él no tenía competencias en materia del personal.

Funciones

Estas son las funciones a cargo del secretario general de Instituciones Penitenciarias, según la Administración Penitenciaria del Ministerio del Interior:

• La organización y gestión de las Instituciones Penitenciarias en lo relativo a la seguridad interior de los establecimientos, traslados de internos…
• La observación, clasificación y tratamiento de los internos, así como el diseño, elaboración e impulso de programas específicos de intervención.
• La resolución administrativa sobre peticiones y quejas de los internos relativas a la actividad penitenciaria, así como la ordenación normativa de las Instituciones a su cargo.
• La planificación, coordinación y gestión de la acción social a internos y liberados condicionales y la gestión y seguimiento de penas y medidas alternativas, que sean competencia de la Administración Penitenciaria según la normativa vigente.
• La función inspectora sobre los servicios, organismos y centros de la Administración Penitenciaria, especialmente, en lo que se refiere al personal, procedimientos, instalaciones y dotaciones, así como la tramitación de las informaciones reservadas y de los expedientes disciplinarios incoados a los funcionarios y personal laboral destinados en todas sus Unidades.
• La coordinación en asuntos de su competencia con los órganos periféricos estatales, con las Comunidades Autónomas y con organismos e instituciones que puedan coadyuvar al mejor cumplimiento de los objetivos y fines de la Administración Penitenciaria.
• La administración y gestión del personal que preste servicios en Centros y Unidades dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
• La gestión económica y financiera de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, así como las propuestas de revisión del Plan de Infraestructuras Penitenciarias y las relaciones con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP, S.A.).
• La planificación, organización y dirección de las actividades tendentes al mantenimiento y mejora de la higiene y de la salud en el medio penitenciario.