Las condiciones laborales de los funcionarios del Estado van camino de sufrir unas cuantas mejorías durante el mandato de Pedro Sánchez. El Gobierno prepara la supresión de las penalizaciones que castigaban con rebajas salariales a los funcionarios que causaran baja.

Esta penalización fue una de las primeras medidas del Gobierno de Mariano Rajoy a principios de 2012. El objetivo era ahorrar dinero público en una de las épocas más duras de la crisis económica, pero también se quería frenar el absentismo entre funcionarios. Dicha medida, todavía vigente hoy, establece que los funcionarios cobran el 50% de su salario durante los primeros tres días de baja y cobran el 75% a partir del cuarto día y hasta el vigésimo.

De esta forma se pretendía desanimar el absentismo laboral de los funcionarios, del cual no hay datos publicados, aunque hacer esa información pública fue una de las últimas iniciativas propuestas por Cristóbal Montoro en el Gobierno, en mayo de 2018. El ministro quería poner en común, con las diversas autonomías, un proceso de “buenas prácticas” para reducir el absentismo de los empleados públicos, entre las que se encontraba la publicación de los datos de los niveles de ausencias en el trabajo en los portales de transparencia de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado. Montoro también se mostró dispuesto a eliminar las penalizaciones contra el absentismo de los funcionarios, aunque no llegó a llevarlo a cabo.

La ministra Batet. La Razón (Luis Díaz).

Meritxell Batet, actual ministra de Política Territorial y Función Pública, quiere revertir la medida de 2012 y devolver a los funcionarios su sueldo completo esos 20 días de baja. Batet, como ministra del Gobierno, percibe un sueldo anual de 71.714 euros brutos en 12 pagas: 5.952 euros mensuales, según el BOE actualizado con la subida salarial del 1,5 % contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, en vigor desde el 5 de julio.

Según su declaración de bienes, publicada en la página web del Congreso en 2016, Batet tiene un piso en Barcelona desde 2004, una cuenta corriente en BBVA con 27.819 euros, un plan de pensiones con 16.012 euros y un plan de previsión social empresarial de las Cortes Generales de 15.726 euros. El mismo año había vendido un inmueble en Madrid. Batet tiene dos préstamos hipotecarios pendientes de pago. Uno, concedido por BBVA en 2004 por un valor de 316.826 euros, de los que quedaban 93.468 euros por pagar en junio de 2016 y otro concedido por la Caixa en 2008, del que le corresponde pagar un tercio (66.666 euros) y del que ya había saldado 41.351 euros en 2016.

Jordi Sevilla

Batet anunció la semana pasada el nombramiento de Jordi Sevilla como presidente del comité de expertos del Gobierno para reformar la Administración. Sevilla, quien compatibilizará el cargo con su actual puesto como vicepresidente de la consultora Llorente y Cuenca, ya ha presentado algunas propuestas para reformar la Administración pública, como una mayor digitalización o la reducción de cargas administrativas para los ciudadanos.

Entre estas nuevas propuestas se encuentra la de reformar las retribuciones de los funcionarios para que cobren en función de objetivos, con la intención de recompensar a los que más objetivos cumplan evaluando su desempeño. “No todos trabajan igual y, por tanto, no todos merecen lo mismo” declaró Sevilla al diario El Mundo.

Sevilla fue diputado por Castellón en el Congreso entre 2000 y 2009 y fue nombrado ministro de Administraciones Públicas en abril de 2004, por José Luis Rodríguez Zapatero, hasta julio de 2007 cuando fue sustituido por Elena Salgado en el cargo. Durante su etapa como ministro, Sevilla impulsó el Estatuto de la Función Pública, el cual dejaba abierta la posibilidad de cambiar el régimen retributivo de los funcionarios. También puso en marcha la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), aunque Montoro la cerró el año pasado tras un gasto de 40 millones desde 2006.

Sueldos Públicos ha contactado con La Moncloa para conocer si Sevilla y del resto de los integrantes del comité de expertos del Gobierno para reformar la Administración van a percibir algún tipo de retribución. Estamos a la espera de una respuesta.

Por otro lado, Batet también anunció, como prioritaria, una convocatoria de la Oferta de Empleo Público para este año tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Pretende recuperar la normalidad en el funcionamiento de la Administración General tras una época de crisis con “tasas muy limitadas”.