Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos, se convirtió este martes en el primer regidor de Ciudadanos arrestado por corrupción. La Policía cree que está implicado, supuestamente, en el caso Enredadera, un posible amaño de contratos inflados sobre seguridad vial y semáforos que afecta a decenas de municipios de toda España y también a cargos del PP y del PSOE.

También 'cayeron' el asesor Sadat Maraña y el diputado Juan Carlos Fernández, ambos de la Diputación de León. Desde la formación naranja ya han expresado la intención de mostrar mano dura y han sido suspendidos inmediatamente de militancia. En 2017 percibieron unos 135.000 euros brutos de las arcas públicas entre los tres (sueldos públicos o dietas). Repasamos sus retribuciones.

Carlos Ruipérez Alonso

Es alcalde de Arroyomolinos desde el 18 de junio de 2015. Es un municipio de la Comunidad de Madrid de unos 30.000 habitantes. Antes de pertenecer a Ciudadanos era jefe de Protección Civil en la localidad de la mano del Partido Popular. Ocupó el puesto desde 2007 hasta 2014, cuando fue destituido por una “pérdida de confianza total en esta persona”. La destitución de Ruipérez provocó la renuncia en bloque de 52 de los 53 voluntarios que componían la agrupación de Protección Civil.

Por un lado, desde el consistorio explicaban que las discrepancias con Ruipérez comenzaron cuando este solicitó al alcalde del momento la convocatoria de una oposición para conseguir el puesto como funcionario, puesto que él era personal eventual, a lo que el alcalde se negó. Ruipérez, en cambio, sostuvo que la falta de entendimiento empezó en 2011 cuando presentó una queja formal ante el concejal de Seguridad contra el jefe de la Policía Local. Tras distanciarse del PP, intentó incorporarse durante unos meses al Partido Independiente de Arroyomolinos y, más tarde, a UPyD, aunque finalmente aterrizó en Ciudadanos.

Ruipérez, en una imagen de la página web del Ayuntamiento.

Como alcalde de Arroyomolinos cobra un sueldo público anual de 55.813 euros brutos. Esto es, 4.651 euros al mes. Según su declaración de bienes de 2015, publicada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, posee un chalet en el pueblo desde 2007 y le pertenece al 10 % una vivienda urbana en Motilla del Palancar, Cuenca. También tiene dos coches, un Citroën C5 desde 2002 y un Peugeot 607 que se compró en 2013, más una moto Suzuki 75 adquirida en 2008. En 2015 contaba con 54.000 euros depositados en una cuenta corriente en Bankia y un plan de pensiones con 15.600 euros.

Este jueves, Ruipérez ha sufrido un posible infarto mientra se encontraba reunido con su equipo de Gobierno y ha sido operado en el Hospital Clínico San Carlos. La dirección de Ciudadanos le ha abierto un expediente y le insta a que dimita antes de que le expulsen del partido. No obstante, el alcalde se aferra al cargo “en tanto su situación procesal” no quede “perfectamente definida”.

Juan Carlos Fernández 

Es diputado provincial en la Diputación de León. También es portavoz en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, un municipio de unos 31.700 habitantes. Antes de 2015, cuando asumió ambos puestos, nunca había ejercido un cargo público, aunque ya se había presentado previamente en listas de UPyD, CDS, IPL y Los Verdes.

Como diputado provincial no trabaja con dedicación exclusiva. No percibe un sueldo público como tal. Cobra por asistencia a los plenos y juntas de la Diputación. Así, ingresa 372 euros por acudir a cada pleno, 372 euros por asistencia a junta de gobierno, 279 euros por cada comisiones informativas, 150 euros por asistencia a la junta de portavoces y 257 euros por asistencia a la junta de coordinación. Tiene un límite anual de las asignaciones que puede percibir: un máximo de 14 plenos (5.208 euros), 54 juntas de gobierno (20.088), 72 comisiones informativas (20.088 euros), 14 juntas de portavoces (2.100 euros) y 54 juntas de coordinación (13.878 euros).

En 2017, Fernández cobró 56.154 euros brutos de la Diputación. Concretamente, asistió a 17 plenos, por lo que percibió la asignación máxima anual de 5.208 euros, 49 juntas de gobierno (18.228 euros), 60 comisiones informativas (16.740 euros) y 17 juntas de portavoces, de las que también cobró lo máximo posible: 2.100 euros, y unas 64 juntas de coordinación, por las que obtuvo 13.878, la asignación máxima anual.

Como concejal en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo cobra, según el Diario de León, entre 1.100 y 500 euros mensuales por asistencias a comisiones y plenos, más otros 600 euros por representar al Ayuntamiento en las mancomunidades de Gersul y Saleal. Es decir, entre 13.200 y 20.400 euros brutos extra al año. Por otro lado, si consultamos el acta del pleno de consistorio de 13 de junio de 2015 comprobamos que los cargos sin dedicación exclusiva cobran 130 euros por pleno; 130 por junta de gobierno local; y otros 130 por cada comisión informativa. La alcaldesa del municipio, María Eugenia Gancedo, del PSOE, percibe 14 pagas anuales de 3.500 euros.

Según la declaración de bienes proporcionada por la Diputación de León, Fernández posee una finca urbanizable en San Andrés del Rabanedo procedente de una herencia, el 50 % de la sociedad Incotur CB y, en 2015, cuando presentó dicha declaración de bienes, dos cuentas corrientes en las que acumulaba 400 euros y un plan de pensiones con 1.927 euros.

Sadat Maraña

Es el que cuenta con el puesto público más humilde en términos económicos. No es la primera polémica en que se ve envuelto el asesor de Ciudadanos en la Diputación de León: en 2015, su escalada en el joven partido se frenó de golpe cuando otro militante de la formación le denunció por falsear su currículum. Maraña, quien comenzó su carrera política en UPyD León, aseguraba que poseía una licenciatura en Administración y Dirección de Empresa por la Universidad de León, aunque realmente solo había aprobado 190,5 créditos, según confirmó el propio centro universitario.

Como consecuencia, renunció a ser cabeza de lista de Ciudadanos por León al Congreso en las Elecciones Generales. Sin embargo, siguió en política entrando como asesor de Ciudadanos en la Diputación de León tras las autonómicas de 2015. Allí cobra un sueldo anual de 21.754 euros brutos, bajo la etiqueta de “Auxiliar de grupo político”, según los documentos publicados por el ente provincial.