“Ningún ataque sin respuesta”, reza la autodescripción de Luis Salom Andrés en su cuenta de Twitter… y cumple sus palabras sin reparos. Salom, asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia y al que otros medios no dudan en calificar como “dóberman” y “troll con sueldo público”, vuelve a encontrarse en el ojo del huracán de la actualidad valenciana. El cargo de confianza ha interpuesto una denuncia contra el alcalde, Joan Ribó, por no facilitar al PP el expediente de una encuesta sociológica sobre las Fallas. El alcalde de la ciudad de Valencia ha declarado este lunes como investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.

De hecho, no es lo único que pone a Salom en el centro de atención últimamente. Hace unos días, fue condenada Tona Català, periodista y mujer de Enric Morera, el presidente de las Cortes Valencianas, tras una denuncia de Salom. Català le había insultado en las redes sociales llamándole “puto fatxa” (facha, en valenciano) y “maricón d’Espanya”. Él pedía 20.000 euros de indemnización y 5.400 euros de multa. El Juzgado de lo Penal número cuatro de València decidió imponer a Català una indemnización a Salom de 3.000 euros y una multa de 900 euros.

Salom es ya un habitual en los juzgados, pero también del banquillo de los acusados. En 2015, Roberto Jaramillo, edil de Valencia en Comú, llevó al asesor del PP a juicio por acusarle de manipular su declaración de bienes. En 2016, era imputado por blanqueo en la ‘operación Taula’. Presuntamente, habría blanqueado dinero para el Partido Popular durante la gestión de Rita Barberá con varias donaciones de 500 euros de dinero negro al partido. En ese año también se le investigó por el caso Imelsa.

Los conflictos no le sacan de su zona de confort. Todo lo contrario, le dan visibilidad mediática y fuerza en redes sociales, donde él y sus seguidores celebran su última victoria contra Tona Català. Ahora pone contra las cuerdas al alcalde de Valencia, con su denuncia por presuntos delitos de prevaricación.

Suspendido de empleo y sueldo durante casi cinco meses

Como ya te contábamos en 2015, tras la toma de posesión de Ribó, este rebajó su retribución un 20% respecto de la que percibía su antecesora, Rita Barberá. Aun así, su salario continúa siendo superior al salario asignado al cargo de presidente del Gobierno, que sigue en 79.756 euros brutos anuales en 12 pagas hasta que entren en vigor los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

El primer edil de la capital del Turia cobra 86.600 euros brutos anuales en 14 pagas, según la página web del Consistorio. Esto son 5.900 euros mensuales, 11.800 euros en junio y diciembre, con las pagas extraordinarias. Tras el descuento de los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social, su sueldo neto se queda en 3.928 euros al mes (7.856 euros los meses de paga extraordinaria), o 54.992 euros anuales en neto, de los que dona 795 euros cada mes a Compromís, según el Portal de Transparencia del partido. Tras entrar en el cargo, en 2015, renunció a cobrar los 800 euros por cada reunión de la Autoridad Portuaria, que sí recibían sus predecesores en el puesto.

En cambio, el sueldo público de Salom como asesor ‘popular’ en el Ayuntamiento de Valencia es de 4.101 euros brutos mensuales, que se convierten en 8.202 euros brutos los meses de paga extraordinaria. Por lo tanto, el polémico asesor, acusado por las Juventudes del PSOE de cobrar sus 4.100 euros mensuales por “insultar y difamar en las redes sociales”, percibe 57.400 euros al año en bruto en 14 pagas. El presidente del Gobierno percibe 79.756 euros en 12 pagas de 6.646 euros, como te detallamos aquí.

Durante casi de cinco meses fue suspendido de empleo y sueldo. Fue entre febrero y junio de 2016. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento decidió abrir un expediente disciplinario a siete asesores del Grupo Municipal Popular implicados en el blanqueo de la operación Taula, entre los que se encontraba Salom. También por su situación de investigado por el caso Imelsa. Esto significa que, durante esos meses, Salom no percibió su sueldo de 4.101 euros brutos mensuales, sino 1.100 euros.

Esto se debe a que la suspensión era cautelar y no definitiva, pues los asesores suspendidos eran imputados, pero no habían sido condenados. Tras la sentencia judicial firme, si esta fuera de condena a los acusados, la suspensión podría ser definitiva. Sin embargo, mientras sea cautelar, el Régimen Disciplinario de los Funcionarios del Consistorio establece un mínimo de percepción sobre el sueldo base del afectado.

El intento del Ayuntamiento de desvincularse como institución de cualquier tipo de corrupción duró unos meses. A mediados de junio de 2016, Salom recuperó su puesto de trabajo y su salario de asesor. La Junta de Gobierno se vio obligada a levantar su suspensión cautelar tras una sentencia judicial que anulaba la resolución del Consistorio que dictaminaba dicha suspensión.

Imagen: Valencia Plaza (Eva Máñez).