El Pleno del Tribunal de Cuentas ha 'estirado las orejas' a algunos partidos políticos españoles pos posibles infracciones relacionadas con la falta de auditorías internas, sobrepasar el límite de donaciones, hacer negocios no permitidos por la ley o falta de colaboración con el organismo público, entre otros. Ya sabes, cuanta más transparencia, más controles y más información recibe el ciudadano.
Todo viene recogido en el “Informe de Fiscalización de los estados contables de los Partidos Políticos y de las aportaciones percibidas por las Fundaciones y demás Entidades vinculadas o dependientes de ellos, ejercicios 2014 y 2015”. En un comunicado a los medios, el Tribunal explica que "este documento se aprobó por el Pleno del Tribunal el pasado 21 de diciembre de 2017". La noticia es que el Pleno, en sus sesiones de 31 de mayo y de 6 de junio, ha acordado el inicio de procedimientos sancionadores a varias formaciones políticas.
Antes de llegar a la decisión de iniciar procedimientos sancionadores por irregularidades que presuntamente fueran constitutivas de infracción -y que estaban recogidas en el citado informe-, el Tribunal de Cuentas tramitó para cada una de las correspondientes formaciones políticas un periodo de información previa. El fin de este trámite es que las formaciones políticas pudieran formular las alegaciones que consideraran oportunas en relación a la causa por la que podría abrirse un procedimiento sancionador, así como en relación con la calificación jurídica de las irregularidades resultantes del informe.
Tras la finalización de los periodos de información previa, y después de analizar las alegaciones realizadas por los partidos políticos afectados, el Pleno del Tribunal ha acordado el inicio de procedimiento sancionador a varias formaciones, por los siguientes conceptos:
Una vez notificada la iniciación de los correspondientes procedimientos sancionadores, estos se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos.
El Pleno designará un instructor del procedimiento que acordará la apertura de un periodo probatorio si así lo solicitara el partido o si, de oficio, lo considerase necesario. Transcurrido este periodo, y practicadas las actuaciones legalmente previstas, el instructor ha de elevar al Pleno una propuesta de resolución en la que ha de calificar las infracciones cometidas y proponer la sanción que resulte aplicable, o, si considerara que no existe tal infracción, efectuará una propuesta de absolución. Por último, corresponde al Pleno del Tribunal de Cuentas resolver el procedimiento y dictar las resoluciones, imponiendo, en su caso, la correspondiente sanción.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, cobró 114.841 euros brutos en 2017. Con el nuevo Gobierno de Sánchez, es posible que cese en el cargo y se nombre a otra persona. Aunque dada la situación política actual también es probable que algunos altos cargosde carácter técnico conserven el puesto.
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