Los gobiernos autonómicos prevén gastar este año 2.000 millones de euros más en sueldos públicos que en 2017. Durante el ejercicio pasado, las administraciones regionales destinaron una partida de 58.849 millones de euros para gastos de personal. Eso incluye salarios y cotizaciones sociales. La cifra inicial prevista era de 58.877 millones. Entre enero y febrero de este año, las autonomías ya han dedicado un 1,33% más en este capítulo que en los dos primeros meses de 2017.

La tendencia es que esa brecha irá aumentando puesto que las previsiones apuntan a que rozaremos los 61.000 millones. La cifra exacta es de 60.864 millones. Son unos 167 millones de euros, de media, al día, en gastos de personal. En esa cantidad no se incluyen los gastos de personal de empresas públicas y otros entes, solo la estructura institucional, la Administración y los órganos más vinculados en ella. Esos casi 61.000 millones representan el cuádruple de la partida destinada a inversiones en infraestructuras y equipamientos públicos, unos 15.500 millones de euros, según ABC.

Piensa que las comunidades autónomas tenían 1,3 millones de empleados públicos en julio de 2017. En este sentido, entre enero de 2007 y julio del año pasado, la Comunidad Foral de Navarra aumentó el número de empleados públicos en un 34%. Le sigue Baleares, con un 24,3%, Aragón con un 15,2% y Cataluña con un 14,1%. La otra comunidad foral, Euskadi, incrementó la contratación pública en los últimos diez años un 12,5%. En cambio, Castilla-La Mancha redujo su plantilla un 8,4% y la Comunidad Valenciana, un 6,3%. Andalucía y Castilla y León también menguaron su plantilla.

El personal docente no universitario, esto es, los profesores y maestros de primaria, secundaria y formación profesional, superaban los 530.000 empleados, casi la mitad. En segundo lugar aparece el personal sanitario, casi 490.000 sueldos todos los meses, con sus respectivas pagas extraordinarias, trienios de antigüedad, permisos o vacaciones pagadas. A años luz de las raquíticas prestaciones que reciben los 3,2 millones de autónomos que hay en España.

¿Quiere decir esto que hay más cargos electos cobrando un sueldo público, más cargos de confianza nombrados a dedo o más gerentes de empresas públicas? No. El gasto sube porque, con la recuperación económica, las arcas públicas empiezan a volver a llenarse y las administraciones pueden reponer plazas de empleo público que estaban vacantes durante los años más duros de la crisis. No hay más políticos cobrando salarios a costa del contribuyente. Hay más personal contratado por las administraciones autonómicas.