Fue a mitad de octubre de 2016 cuando la población navarra de Alsasua salió en los informativos de ámbito nacional. La Policía Foral detuvo a varias personas relacionadas con una agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en un bar de la localidad. Los hechos se están juzgando estos días y Sueldos Públicos se ha interesado por el nivel de transparencia de este pueblo, de unos 7.400 habitantes, situado en la zona vascófona de la Comundidad Foral de Navarra.

Por lo pronto, al igual que el País Vasco, Navarra tiene sus propias instituciones, su particular fuero, y su singular régimen económico y no han rendido cuentas al Estado como el resto (no todos) de municipios pertenecientes al régimen común en materia de sueldos públicos.

Recuerda que desde el pasado año, los 8.123 ayuntamientos españoles están obligados a comunicar al departamento que dirige Cristóbal Montoro las retribuciones cobradas por los alcaldes y concejales, ya sea un sueldo público con dedicación exclusiva, parcial o solo dietas de asistencia.

En este sentido, ni uno de los 272 consistorios navarros han facilitado los datos sobre los sueldos públicos que percibieron los alcaldes en 2016 al Ministerio de Hacienda. Ni la capital, Pamplona, ni otras poblaciones como Estella, Olite, Puente la Reina, Tudela, Viana, Roncesvalles, Baztán, como hemos podido comprobar en la Información Estadística e Informes de Empleo Público Estatal (Espacio ISPA 2017) del Ministerio de Hacienda y Función Pública. No son los únicos. Hay centenares de localidades de otras provincias de España que no han 'hecho los deberes'.

Con las tablas salariales de Hacienda, que tienen en cuenta la población y el presupuesto, el alcalde de un municipio de 1.000 a 5.000 habitantes puede cobrar, como máximo, 45.000 euros brutos anuales. Y los pueblos de 5.001 a 10.000 habitantes, hasta 45.000 euros. Es el caso de Alsasua. Con todo, el anterior dirigente del consistorio, Garazi Urrestarazu Zubizarreta, de Bildu, percibía 35.446 euros al año. En 2015, el actual alcalde, Javier Ollo Martínez, de Geroa Bai, decidió reducir drásticamente esa retribución a 21.000 euros. Se acordó en un pleno extraordinario celebrado el 2 de julio de ese año. Duró 25 minutos y se pactó que solo el alcalde tendría dedicación exclusiva. 

El resto de concejales no percibe un sueldo público. Su dedicación se compensa con dietas de asistencia. Así, cada pleno, comisión o junta de portavoces se paga con 82 euros cada reunión. La junta de gobierno local, con 32 euros, con un máximo mensual de 75 euros. El tope en dietas para cada concejal está fijado en 225 euros al mes.

¿Y dónde hemos contrastado esta información? La página web del Ayuntamiento de Alsasua carece de Portal de Transparencia. Nos hemos conformado con consultar el acta del pleno que sí está publicada. Tampoco podemos consultar una pequeña reseña biográfica del alcalde. Solo sabemos que es abogado por su cuenta de Twitter. En la página web de Geroa Bai tiene un espacio propio para sus noticias y opiniones además de que está publicada la cuenta de resultados de 2015-2016 de la formación, el documento más actual. 

Tenemos que buscar en su perfil de LinkedIn para leer que ha trabajado 'en prácticas' en un bufete de abogados casi cuatro años. Ollo es licenciado en Derecho por la Universidad Pública de Navarra. Premio extraordinario. Antes, el Bachiller lo sacó con Matrícula de Honor. Además, ha estudiado un curso en materia de IRPF por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF). Tiene el máster de Acceso a la Abogacía y ha finalizado otros cursos relacionados con la Constitución, el estatuto y la protección jurídica de la imagen personal.

Imagen: Agencia EFE. (Iván Aguinaga).