Los sueldos públicos del equipo de asesores de Cristina Cifuentes
Cifuentes cobra un sueldo público como política desde hace 27 años. Empezó como diputada autonómica en la Asamblea de Madrid en junio de 1991.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene 134 asesores*. Pero eso ya te lo hemos contado. Lo que nos interesa es conocer los sueldos públicos del círculo más cercano de sus presidenta, Cristina Cifuentes, el que trabaja día a día con ella. Es el grupo de profesionales que 'apaga fuegos' se come los 'marrones', recibe llamadas a cualquier hora, viaja con ella, cuadra la agenda, suspende actos, los retrasa o aplaza, supervisa eventos, hace guardias, prepara notas, comunicados y desmentidos, gestiona las redes sociales y tiene a mano todos los teléfonos y correos electrónicos de los periodistas que cubren la información de Presidencia.
Cifuentes cobra un sueldo público como política desde hace 27 años. Empezó como diputada autonómica en la Asamblea de Madrid en junio de 1991. Antes de ser cargo electo, fue asesora con Gallardón en la cámara legislativa. En enero de 2012 pasó a ser delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Dejó el cargo en abril de 2015. El año pasado, Concepción Dancausa percibió 95.369 euros brutos por este cargo, incluidos 10 trienios de antigüedad. Desde junio de 2015, Cifuentes es la presidenta de la Comunidad de Madrid y también diputada regional, aunque no percibe un sueldo de la Asamblea. Ha sido directora de un colegio mayor, miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión de Madrid, varios cargos orgánicos en el partido...
Según el Portal de Transparencia del ejecutivo madrileño, Cifuentes cobrará este año 103.090 euros brutos. Son 14 pagas de 7.363 euros. Más de 14.700 euros en junio y diciembre. Hay que añadir los trienios de antigüedad porque es funcionaria en el ámbito universitario. Primero, en 1990, dentro del grupo B, un año antes de ser diputada, en áreas de gestión en la Universidad Complutense de Madrid. Luego en 2011, tras una promoción interna, en el grupo A, dentro de la Escala de Técnicos Superiores de Gestión en la Universidad. En este sentido, a raíz de la información publicada por eldiario.es sobre el Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico cursado en la Universidad Rey Juan Carlos, Ciudadanos está investigando la carrera de Cifuentes en la Universidad.
Crisis reputacional
La polémica sobre la obtención del citado máster abre un debate sobre cómo abordar una crisis reputacional en el ámbito de la política, de los medios de comunicación y de las redes sociales. Así, nos encontramos ante un caso de manual que se estudiará en las facultades para analizar cómo se reacciona ante una noticia aparecida en un medio de comunicación.
Cuando uno tiene claro los documentos que demuestran su versión, el caso de Pablo Casado, convoca a la prensa inmediatamente y ofrece todas las explicaciones posibles, hace un gira por radios y televisiones y muestras las pruebas. Y no tiene que hacer llamadas telefónicas ni mandar a nadie en su nombre a visitar despachos al día siguiente.
La otra opción es mostrar documentos con firmas falsas, aunque uno no lo sepa, y fabricar coartadas para dar verosimilitud a una historia que, a todas luces, no se corresponde con la verdad y solo permite una huida hacia adelante con la erosión para la institución pública y el partido político. Aunque las explicaciones se hayan dado en un breve tiempo, convocando a la prensa y colgando vídeos a las dos de la mañana desde el despacho de la Puerta del Sol, las primeras versiones de lo ocurrido quedaron en papel mojado y sus autores como mentirosos, tras nuevas exclusivas de los medios de comunicación.
Es en esos momentos de dificultad donde el equipo de asesores, los cargos de confianza contratados por libre designación, están para echar una mano, sin cometer delitos, pero cuyo margen de maniobra es muy limitado si el político que los nombró no es capaz de contar toda la verdad. ¿Se dejó asesorar Cifuentes por su equipo de comunicación sobre este asunto? ¿Fue acertado el vídeo casero que publicó en las redes sociales en su despacho mostrando un documento, el acta del trabajo de fin de máster, que luego se ha demostrado que es una patraña con firmas falsificadas? ¿Estaba al corriente Cifuentes del oscurantismo de la Universidad Rey Juan Carlos? ¿Qué requisitos le exigieron para obtener el título sin ir a clase? ¿Sabía Cifuentes que lo del error informático con dos notas no se sostiene y que el rector y el director del Máster fabricaron una primera versión como corta fuegos?
Por lo pronto, el equipo próximo de Cifuentes ha tenido que hacer varios cambios en su agenda y en su estrategia de comunicación. ¿Quiénes son? La jefa de Gabinete y Comunicación de la presidenta, Marisa González Casado, cobrará este año 100.556 euros brutos anuales. Casi 20.000 euros más que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que sigue con un salario de 79.756 euros en 12 pagas.
Los asesores técnicos de Presidencia son cinco personas: Antonio Astorga; Pedro María Claver y Blanca Torquemada cobran 58.368 euros. En cambio, José María Ortíz y Jorge Rodrigo ingresan 65.258 euros. Los datos son públicos: nombre, apellidos y retribución. No así el currículum de cada uno de ellos.
¿Quién maneja las redes sociales de la Comunidad de Madrid? No es la misma persona que lleva las redes sociales del Partido Popular. Se llama Carlos Díaz-Pache y cobra 58.368 euros. El equipo de Comunicación Audiovisual, que suele ir empotrado al cargo público para difundir la acción de gobierno del político de turno lo forma el fotógrafo coordinador Diego Sinova, el fotógrafo Pedro Andrés González y el cámara Enrique Gumiel. Cada uno cobra 49.394 euros al año. Además, existe el Área de Protocolo y Relaciones Institucionales, que da servicio a todas las consejerías, no solo a Cifuentes. Ana Martín Ruiz es la coordinadora y cobra 65.911 euros. La asesora Laura María Menéndez ingresa 58.368 euros y Juan José Murillo, otro asesor en protocolo, cobra 50.594 euros.
Dentro de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía existe el puesto de director adjunto del Gabinete de Comunicación de la presidenta. Lo ocupa Jesús García y cobra 74.777 euros anuales, más que un ministro (unos 70.300 euros). El coordinador Jefe de los Servicios Informativos, Eduardo Sobreviela tiene asignada una retribución de 65.911 euros. Además, hasta siete 'delegados de prensa', uno por cada consejería, que perciben entre 58.368 y 65.911 euros. El técnico de apoyo cobra 42.261 euros y hay otra asesora que ingresa 58.368 euros.
Por cierto, el cargo de director del Instituto Nacional de Administración Pública lo ocupa desde el 2 de septiembre del año pasado Manuel Arenilla Sáez. Cobró por casi cuatro meses 32.139 euros, incluidos diez trienios de antigüedad, según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública del Portal de Transparencia del Gobierno. Arenilla es doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Desde 1985 es administrador civil del Estado, en excedencia voluntaria desde 1990. El cargo del Instituto Nacional de Administración Pública también lo ocupó, entre 1996 y 1999, el director del máster de Cifuentes, el catedrático Enrique Álvarez Conde.
Álvarez es el actual director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. En su página web puedes consultar la memoria de actividades que realizó el año pasado, pero no hay ni rastro de una sección de transparencia. El ente recibe dinero público pero no rinde cuentas. El actual rector de la URJC, Javier Ramos, cuyo sueldo te detallamos hace unos días, pondera suprimir el Instituto que dirige Álvarez tras las irregularidades detectadas en la obtención del máster de Cifuentes.
Código ético
Cifuentes puede estar incumpliendo algunos puntos del Código Ético para altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Si bien es cierto que no está acusada de delito alguno, ni está siendo investigada por asuntos de corrupción política, existen dudas sobre un apartado del punto tercero. El que habla de la ejemplaridad. Así, el cargo debe evitar "cualquier acción u omisión que vaya en menoscabo del prestigio de la Administración". Su situación como presidenta de la Comunidad de Madrid es casi insostenible. Su trabajo de fin de máster sigue sin aparecer. El prestigio del Gobierno autonómico, el de una universidad pública y el de varios funcionarios se ha desplomado.
Cifuentes también está en la cuerda floja con el punto séptimo que menciona varios criterios para una actuación ejemplar y está relacionado con el tercero: "Los altos cargos cumplirán con diligencia sus funciones y desempeñarán sus obligaciones de manera ejemplar evitando adoptar conductas o actitudes que puedan perjudicar la imagen de la administración o entidad a la que prestan sus servicios tanto en actos públicos, como privados".
Y el punto décimo, relacionado con la adhesión: "Los altos cargos en el momento de su nombramiento o toma de posesión deberán manifestar su adhesión expresa e individualizada al presente código. Todos los altos cargos que en el momento de la publicación del presente código estén desempeñando funciones como tales quedarán sometidos a él y se entenderá que manifiestan su adhesión. La adhesión implica la obligación de desarrollar sus funciones de una manera acorde con los valores, principios y criterios previstos en este código".
*En la noticia que publicamos en 2016, contabilizamos 134 asesores. Otros medios apuntan a que la cifra se ha incrementado hasta los 147. Cuando dejó el cargo Ignacio González en junio de 2015 había 198 asesores, según El Confidencial.
Imagen: Víctor Blanco (Gtres).