Por Héctor González

Periodista

Presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos (APPV)

Los presupuestos participativos se han multiplicado después de las elecciones municipales de 2015. Esta denominación la recibe el proceso que abre a los vecinos de una población la posibilidad de decidir en qué actuaciones invertir una parte del presupuesto de su respectivo ayuntamiento. Andalucía, en los albores de este siglo, fue pionera en España en la citada práctica, y más en concreto la provincia de Córdoba. Desde entonces se ha extendido, aunque el grado final de participación resulta bastante reducido. En gran medida la falta de información lastra la implicación vecinal.

En 2016, apenas el 1,07% de vecinos empadronados en Zaragoza y el 0,89% de los pertenecientes a Valencia votaron en qué querían invertir la escasa parte del presupuesto que queda al criterio ciudadano. Los proyectos, bastante delimitados, suelen centrarse en mejora de espacios públicos, rehabilitaciones, jardines o carril bici. El segundo año, en 2017, la participación en Valencia no ha llegado al 3%, motivo por el que la propia presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, ha llamado la atención al Consistorio.

Después, si miramos datos de ejecución de esa voluntad municipal, el resultado puede desanimar en ciudades como La Coruña, donde no ha llegado a llevarse a cabo en 2017 ni una tercera parte de las medidas aprobadas por los ciudadanos para estar concluidas ese año. Sí, los ayuntamientos que han potenciado la implicación de los vecinos destacan que lo logrado en participación y en ejecución supera con creces lo existente anteriormente. Pero, ¿basta con eso o se puede aspirar a más?

Desde luego, cuando las concejalías de Participación Ciudadana o con denominaciones similares han proliferado desde 2015, con políticos y empleados públicos dedicados a esta materia, y cuando ya han transcurrido más de dos años y medio desde que se constituyeron, los resultados parecen claramente mejorables.

¿Cómo? Posiblemente, multiplicando la información. Que cada vecino fuera consciente de que tiene capacidad de decisión y que se sienta como tal. Una campaña informativa y publicitaria en medios de comunicación locales contribuiría de manera decisiva. También lo haría llenar el mobiliario urbano con las fechas de la campaña de presentación de propuestas y de votación y de la explicación de cómo votar. Un reparto de folletos a pie de calle mejoraría igualmente el grado de conocimiento de esta iniciativa.

Participación presencial

Y, desde luego, también incrementaría la participación permitir que fuera, además de digital, presencial. El 80% de la población española ha utilizado, de alguna manera y en el último trimestre, internet. Este dato registrado, entre otros organismos, por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja, del mismo modo, que el 20% no lo hace y que un tanto por ciento indefinido no lo realiza con frecuencia diaria o incluso semanal. Y en un porcentaje elevado centra su utilización en redes sociales, contemplación de vídeos o en tareas que no suponen una familiarización con páginas administrativas.

Si formar parte de una consulta ciudadana de presupuestos participativos implica acceder a la correspondiente web del ayuntamiento, registrarse como usuario y después, cuando llegue el periodo de sufragio, emitir de manera telemática el voto, las posibilidades de intervenir se van limitando y diluyendo. Demasiados vecinos se quedan por el camino, sin opción o sin voluntad de votar.

Por desgracia, la mayor parte de habitantes de una barriada no se convierte en integrante de la asociación de vecinos de su zona. Esto provoca que no reciba una información directa sobre la oportunidad de opinar. Si el ayuntamiento que pregona los presupuestos participativos quiere enfatizarlos y lograr una implicación ciudadana importante, debe multiplicar la información por todos los canales posibles y no limitarse a los institucionales y digitales. También debe facilitar la emisión y recogida de voto en soportes físicos como urnas, al igual que haría en elecciones convencionales.

Del mismo modo, la persona que se preocupa de proponer y emitir su sufragio tiene que comprobar que luego, si su propuesta se halla entre las más votadas, se va a ejecutar con el presupuesto y en el plazo previsto. Por tanto, debe existir una información posterior también amplia.

Por supuesto, el propio Consistorio debe aceptar el resultado. Si establece que saldrán adelante los cuatro proyectos más votados, ha de asumir que si los que ha impulsado no quedan entre esa relación no se ejecutaran. En Valencia, en cambio, el equipo de gobierno ha decidido llevar adelante las propuestas que había presentado y no salieron alegando o que resultan necesarias (cuestión más subjetiva o política) o que gozaron de apoyo (aunque no alcanzaran el respaldo suficiente).

En definitiva, para que la participación, en la práctica, pueda considerarse verdaderamente ciudadana y representativa ha de lograr movilizar a una parte sustancial de los vecinos empadronados. Para ello, la información constituye un requisito básico. A continuación, la motivación para la acción, la implicación y la aceptación de los resultados acabarían de completar un proceso del que todavía queda bastante por pulir.